La impronta feminista. Un recorrido por la
problematización de la
violencia de género contra las mujeres en Ecuador
The feminist imprint. A path of the
problematization of gender-based violence in Ecuador
|
Maira Sichique Valencia |
|
Universidad Central del Ecuador –
Ecuador |
Recibido: 16-03-2025
Aceptado: 12-06-2025
Resumen
Este artículo estudia la violencia de
género en Ecuador como un fenómeno social e histórico. A partir de una revisión
de fuentes secundarias, analiza el papel de los movimientos feministas en su
visibilización y problematización, así como la relación entre sus demandas y
las respuestas del Estado. Primero, examina las dinámicas políticas de estos
movimientos y luego las políticas públicas implementadas. La literatura
revisada indica que, en Ecuador, la permeabilidad estatal a las demandas de
sectores subalternos ha generado una aparente aceptación de estas exigencias,
pero con una neutralización de su impacto, lo que reduce la efectividad de las políticas
contra la violencia de género.
Palabras clave: feminismo, movimiento de mujeres,
violencia de género, Ecuador.
Abstract
This
paper analyzes the issue of gender-based violence in Ecuador as a social and
sociohistorical phenomenon. Through a systematic revision of secondary sources,
examines the role of women’s and feminist movement on the visibility and
problematization of gender-based violence, and the link between their demands
and the State’s responses. First of all, it refers the political dynamics of
women’s and feminist movements, then explain the State’s responses about their
demands. The evaluation of revised literature suggests a specificity for
Ecuadorian case that point out a particular State’s permeability to demands of
subaltern actors that neutralize the effectivity of public policies for counter
gender-based violence.
Keywords: feminism,
women’s movement, gender-based violence, Ecuador.
A lo largo de su
desarrollo histórico, el feminismo ha desempeñado un papel disruptivo en el
orden social establecido, al impulsar demandas orientadas a la transformación
sustantiva de las condiciones que afectan a las mujeres. Sus reivindicaciones
han abarcado desde la lucha por el reconocimiento de los derechos civiles y
políticos fundamentales, hasta la crítica de la división sexual del trabajo y
la resignificación de la sexualidad femenina. Asimismo, el feminismo ha
incorporado al debate académico y social el análisis crítico de los cuerpos
feminizados y de las identidades sexo-genéricas, contribuyendo al
reconocimiento de la igualdad y a la búsqueda de la emancipación.
En este contexto, la
acción colectiva se ha constituido como un eje articulador de estas demandas,
conformando un movimiento heterogéneo, dinámico y en constante expansión. En
síntesis, puede afirmarse que el feminismo busca la democratización de las
relaciones de género en todos los ámbitos de la vida social, cuestionando las
estructuras que reproducen la desigualdad y promoviendo una transformación
profunda en las formas de organización social, política y cultural.
En relación con los
inicios del feminismo en Ecuador, la investigación histórica de Ana María Goetschel (2018) examina las posturas heterógeneas
adoptadas por las mujeres en el espacio público durante la primera mitad del
siglo veinte. Su análisis, articulado en torno a los ejes de feminismo y
política, así como de mujeres, educación y trabajo, concluye que el feminismo
ecuatoriano emergió como una expresión diversa y plural, sin una centralidad
fija.
Por esta razón, prefiere
concebirlo como el resultado de campos de fuerzas en el que las actoras
adoptaron posiciones distintas e incluso contrapuestas, según sus circunstantacias particulares y otros factores sociales,
políticos y culturales determinados tanto por el contexto nacional como
internacional. No obstante, sostiene que, pese a la variedad de enfoques, todas
compartían la convicción de ampliar los derechos de las mujeres y fomentar su
presencia en diferentes esferas de la vida pública. En este marco, los
desacuerdos se centraban en las formas que debía asumir dicha participación, en
los espacios donde debía desarrollarse y en los principios o criterios que
debían orientarla.
Por su parte, Santillana
y Aguinaga (2012) se preocupan por revisar los estudios de género centrados en
la situación de las mujeres y en las desigualdades presentes en los ámbitos
laboral, político y jurídico durante la transición democrática de la década de
1980. Asimismo, documentan el surgimiento del movimiento feminista en 1995,
destacando su marcada orientación radical, centrada en cuestionar las
contradicciones de clase, etnia y género.
Según las autoras, dicho
movimiento priorizaba el análisis de las diferencias en las condiciones de vida
entre hombres y mujeres, con el propósito de problematizar la opresión sexual.
Finalmente, advierten sobre el posicionamiento ideológico y político de las
propuestas impulsadas por la Organización de las Naciones Unidas, que durante
la década de 1990 promovió una corriente de feminismo institucional alineada
con las perspectivas del feminismo liberal.
Aunque el feminismo
ecuatoriano se expresa a través de múltiples corrientes teóricas y prácticas
diversas, persisten ciertas demandas que, por su magnitud, transversalidad y
reiteración histórica, continúan ocupando un lugar central en su agenda. En
este sentido, el pensamiento feminista insiste en orientar sus esfuerzos en
visibilizar, problematizar y desmantelar las estructuras que configuran y
reproducen diversos mecanismos de dominación y opresión, cuya manifestación más
evidente es la violencia por razones de género contra las mujeres. Desde esta
matriz analítica, dicha violencia se distingue de otras formas de agresión por
su carácter sistemático y estructural, en tanto está anclada en relaciones de
poder asimétricas y en un entramado normativo-cultural que legitima y refuerza
la hegemonía de los valores, prácticas y discursos masculinos. En consecuencia,
la violencia de género debe ser comprendida no solo como una problemática
social, sino también como una grave vulneración de los derechos humanos y como
uno de los principales obstáculos para el ejercicio pleno de la ciudadanía por
parte de las mujeres.
En el marco de las
demandas del movimiento de mujeres y feministas, la violencia contra las
mujeres ha adquirido mayor visibilidad social, lo cual ha propiciado el
reconocimiento de los espacios en los que ocurre y la tipificación de sus
diversas modalidades. Adicionalmente, estas agrupaciones han sido agentes clave
para promover las reformas normativas y jurídicas implementadas por el Estado
ecuatoriano, orientadas a diseñar estrategias destinadas a la erradicación, prevención
y protección de las víctimas de violencia de género. Asimismo, es importante
señalar que, aunque la violencia contra las mujeres no se circunscribe a un
ámbito social específico ni a un tipo particular de relación, el espacio
doméstico y las relaciones de pareja constituyen un escenario común donde se
ejerce con mayor frecuencia.
Debido a la magnitud de
este fenómeno y a la centralidad que el feminismo ha conferido a su estudio,
resulta imprescindible enfocar la atención en un análisis histórico sustentado
en la revisión de archivos, catálogos históricos y documentos contemporáneos,
con el propósito de destacar el papel fundamental desempeñado por el movimiento
de mujeres y feministas, así como los marcos interpretativos que han orientado
la comprensión y abordaje de esta problemática. Aunque la violencia contra las
mujeres fue politizada y teorizada con mayor profundidad durante la segunda ola
del feminismo internacional, su visibilización y reconfiguración han sido
inherentes al movimiento desde sus orígenes, intensificándose progresivamente,
particularmente en relación con la acción colectiva de los movimientos
feministas. En este sentido, y con el fin de reflejar los intercambios,
encuentros, diálogos y acciones que surgieron desde la década del setenta, en
torno a la reflexión sobre la violencia contra las mujeres, el presente
artículo ofrece una síntesis del proceso de esta lucha en el contexto
ecuatoriano.
Este breve estudio tiene
como finalidad analizar el proceso de problematización de la violencia de
género en Ecuador, entendida tanto como un problema social estructural como una
forma de relación sociohistórica. A partir de una
revisión sistemática de las principales acciones, intercambios y propuestas
emergidas desde los movimientos de mujeres y feministas, se busca identificar
los marcos conceptuales y teórico-disciplinarios que han configurado su
abordaje. En este sentido, se pretende: a) examinar las discusiones
teóricas-políticas que han influido en la construcción de la violencia de
género como un problema social, b) sistematizar los principales aportes y
estrategias desarrolladas por los movimientos feministas y de mujeres en la
denuncia, visibilización y problematización de la violencia de género en
Ecuador, c) analizar las intersecciones entre las luchas feministas y las
respuestas estatales, con especial atención a la tensión entre demandas
sociales y marcos normativos e institucionales.
Para cumplir con los
objetivos de este artículo, el diseño de la investigación fue de tipo
documental, ya que se basó en la recopilación, análisis e interpretación de
datos e información previamente existente. Este enfoque permitió comprender el contexto
en el que se generó la información, al mismo tiempo que propuso una revisión
crítica y sistemática de la misma. No se trató solo de una simple recopilación
de datos, sino de un proceso que incluyó el análisis, la comparación y la
sistematización de la información para extraer conclusiones relevantes.
Las principales fuentes
de información utilizadas fueron secundarias, lo que implicó el uso de libros,
artículos académicos, informes, registros oficiales, archivos históricos, bases
de datos, entre otros. La selección del corpus textual para esta investigación
se guió por dos criterios fundamentales: a) su
relación con la problemática y los enfoques teóricos-académicos sobre la
violencia de género desde finales de los años setenta hasta la actualidad, y b)
su pertinencia al contexto ecuatoriano.
En cuanto al manejo de
los datos, los textos seleccionados fueron organizados en colecciones y subcolecciones, registradas de manera metódica y
sistemática en el gestor bibliográfico Zotero. Las
fichas y notas de lectura fueron organizadas y etiquetadas utilizando uno de
los programas gratuitos disponibles, y posteriormente procesadas mediante el
software de análisis cualitativo ATLAS.Ti. El
análisis de los datos se llevó a cabo a través de fichas de lectura que se
procesaron en categorías temáticas. A continuación, se realizó un proceso de
sistematización de la información en fichas analíticas, las cuales se
convirtieron en notas de investigación. Además, durante todo el desarrollo del
estudio se mantuvo una bitácora analítica para registrar y reflexionar los
hallazgos.
4. Aproximaciones
generales sobre la problematización de la violencia de género
La literatura revisada
coincide en que hasta mediados del siglo veinte la violencia contra las mujeres
no era nombrada ni reconocida, lo que contribuyó a su invisibilización social.
De ahí que, las distinciones analíticas y conceptuales más notables de la
discusión y problematización de la violencia de género atañen a la década de
los setenta, durante la segunda ola del feminismo. No obstante, algunas
pensadoras sostienen que las feministas del siglo diecinueve ya advertían de
los riegos de las mujeres frente a la brutalidad masculina y de su incidencia
en la esfera doméstica[1]. Sin embargo, las demandas y
reivindicaciones más inmediatas de la condición femenina en la esfera pública
postergaron el reconocimiento de la violencia de género como una cuestión
central en la agenda feminista de la época (De
Miguel Álvarez, 2005).
En efecto, problematizar
de forma explícita la vida cotidiana de las mujeres víctimas de violencia
implicaba transgredir el umbral de lo privado e íntimo, despojando a estos
hechos de su aparente carácter individual, reservado y naturalizado en el
sentido común, la vida práctica y el imaginario colectivo. Este desplazamiento
permitió reconfigurar la violencia de género como una cuestión de interés
público, visibilizándola como un problema social de gran envergadura. En esta
línea, Bosch Fiol y Ferrer Pérez (2000: 11),
sostienen que, para que una condición sea reconocida como un problema social,
debe ser percibida como injusta por un grupo con cierto grado de influencia
social. Bajo esta premisa, la segunda ola del feminismo y el movimiento de
liberación de las mujeres, a finales de los años sesenta, colocaron en el
centro del debate, tanto académico como político, la violencia sexual y
doméstica contra las mujeres, resignificándola como una manifestación
estructural de las desigualdades de género.
En palabras
de Hill Collins (citado
por Jabardo, 2012: 33), este segundo momento del feminismo se articuló en
torno a dos grandes ejes. El primero, representado por la consigna “lo
personal es político”, impulsó la politización de la vida cotidiana, el
cuerpo y la sexualidad de las mujeres, enfocándose en los conflictos y tensiones vividas en el
ámbito privado. El segundo eje consistió en la adopción del concepto de patriarcado[2], como categoría central
para el análisis de las
causas estructurales de la opresión de género. En concordancia, Campagnoli (2005: 160) afirma que “fueron estas
contribuciones las que permitieron cuestionar la supuesta neutralidad de lo
público y revelar el carácter sociohistórico de las relaciones íntimas y
construcción de subjetividades”.
Este cuerpo de ideas
elaboradas desde el pensamiento feminista proporcionó las herramientas teórico
y conceptuales necesarias para comprender la violencia contra las mujeres como
consecuencia de su posición arbitraria dentro de la estructura social y de la
relación entre los sexos. Desde esta perspectiva, se rechazó la visión
histórica que circunscribía la dominación y la violencia masculina al ámbito
privado, para en su lugar visibilizarla como una estructura de poder
transversal, presente en todos los espacios de la sociedad y reafirmada en las
relaciones humanas e interpersonales. En esta línea, se documentó lo que
Venegas, Martínez Reverte y Venegas (2019) denominan los cuatro mil años de
violencia contra la mujer, evidenciando los mecanismos utilizados históricamente
para el control del cuerpo, que lejos de ser casual, adopta diversas formas y
es el resultado de un proceso histórico y sostenido a lo largo del tiempo.
En este escenario, el movimiento de mujeres en América Latina durante
la década de los setenta se caracterizó por su diversidad, influenciada por
particularidades históricas y los procesos sociales específicos de cada país[3].
A pesar de su carácter
heterogéneo, es posible identificar tres vertientes
principales: feministas, mujeres provenientes de sectores urbanos populares y
aquellas mujeres vinculadas a la participación política. Si bien sus
trayectorias y enfoques podían tener diferencias, todas compartían una
preocupación común por la lucha contra la subordinación de la mujer y el cuestionamiento
al modelo capitalista, así como una postura crítica hacia el Estado por
considerarlo excluyente y opresivo (Álvarez,
1998: 94-98; Lamus Canavate, 2009; Saporta, Aranguren, Chuchryk y Álvarez,
1994).
Un aspecto clave en la configuración del movimiento de mujeres en
América Latina fue la relación con los partidos de izquierda, lo que dio lugar
a experiencias de doble militancia en organizaciones populares, sindicatos y
luchas por los derechos humanos. Sin embargo, la falta o escasa receptividad de sus compañeros hacia las demandas
específicas de género motivó el desarrollo de estrategias autónomas orientadas
a la reivindicación de la igualdad y los derechos de las mujeres. Esta tensión condujo al surgimiento
de dos ideas fundamentales: por un lado, la necesidad de construir nuevas
formas de hacer política, alejadas de las estructuras jerárquicas
tradicionales; y por otro, la concepción de la lucha feminista como una
práctica encarnada en la vida cotidiana y las relaciones interpersonales. En este
marco, la estrategia predominante fue la concientización, implementada a través
de talleres y espacios formativos que abordaban temas como la discriminación de
género, la violencia, la salud sexual y reproductiva, entre otros aspectos de
la experiencia cotidiana atravesados por la dominación patriarcal.
Hasta este punto, se han identificado dos rasgos característicos del
feminismo latinoamericano de la década de 1970: la producción sistemática de
conocimiento sobre la condición femenina y la expansión de los movimientos
feministas y de mujeres. Según Teresita De Barbieri, a mediados de esta década,
las mujeres comenzaron a manifestar diversos malestares en el ejercicio de sus
libertades, al constatar que la igualdad proclamada en los cuerpos legales
nacionales e internacionales estaba lejos de materializarse en su vida
cotidiana. En este sentido, fue labor de los movimientos feministas visibilizar
estos malestares, nombrarlos y exigir soluciones tanto a los Estados como a la
sociedad, sus compañeros, cónyuges y a ellas mismas (De Barbieri, 2004: 197-202). Por su
parte, Celiberti (2015: 293) sostiene que estos
movimientos fueron quienes introdujeron “[…] tanto en el debate teórico y
político la cuestión de género en toda su complejidad, abriendo múltiples
perspectivas para repensar lo social, lo jurídico y lo político”. Es en este
contexto donde comienza a delinearse el movimiento de mujeres y feministas con
los rasgos distintivos que lo caracterizan en la actualidad.
Motivadas por la consigna de “comenzar a actuar” decidieron llevar lo
privado a la arena de lo político. Con este objetivo, organizaron los
Encuentros Feministas Latinoamericano y de El Caribe, los cuales, desde la
década de 1980, se han realizado en diversas ciudades de la región. Para García
y Valdivieso (2005:
45-50),
desde sus inicios, estos encuentros se han caracterizado por problematizar,
discutir y reflexionar sobre la condición de subordinación, desigualdad y
opresión de las mujeres y diversidades sexo genéricas en los distintos y
heterogéneos ámbitos de ocurrencia, en los que la violencia contra las mujeres
ha permanecido constante, ya sea como temática principal o tangencial a otros
campos.
En este marco, uno de los hitos fundamentales del
feminismo latinoamericano fue el Primer Encuentro Feminista de América Latina y
el Caribe, celebrado en Bogotá en 1981, donde se declaró el 25 de noviembre
como el Día Latinoamericano de la No Violencia contra las Mujeres. El Segundo
Encuentro, realizado en 1983 en Lima, consolidó el concepto de patriarcado como
eje central de análisis, profundizando en sus causas y consecuencias dentro del
entramado social que sostiene la subordinación de las mujeres. Este evento
también marcó el inicio de la participación permanente de representantes de la
población GLBTQ+, ampliando los horizontes del movimiento hacia una agenda más
inclusiva.
Posteriormente, en 1990,
el Quinto Encuentro, llevado a cabo en San Bernardo, acordó la creación de la
Red Latinoamericana y Caribeña contra la Violencia hacia la Mujer y proclamó el
28 de septiembre como el Día de Lucha por la Despenalización del Aborto en
América Latina. El Duodécimo Encuentro, celebrado en 2011 nuevamente en Bogotá,
constituyó un punto de inflexión al conmemorar tres décadas de articulación
feminista en la región, bajo el lema “Nuestras voces se multiplican: por el
derecho de las mujeres a una vida libre de violencia”. Más recientemente, en
2017, el Encuentro realizado en Montevideo culminó con una multitudinaria
movilización en el marco del Día Internacional de la Lucha contra la Violencia
hacia las Mujeres, visibilizando la persistencia de este problema estructural (Agencia EFE, 2017).
En el contexto actual,
las luchas feministas en diversos países latinoamericanos comparten una
preocupación central: el alarmante incremento de los femicidios.
Este fenómeno ha sido definido como “la forma más extrema de violencia contra
las mujeres, entendida como la violencia ejercida por los hombres contra las
mujeres en su deseo de obtener poder, dominación o control” (Russell, 1992
citado en Pontón Cevallos, 2009: 5). En una línea similar, Pineda (2019: 93) lo
conceptualiza como “el resultado de un continuum de formas de violencia contra
las mujeres” que, históricamente, han sido invisibilizadas o desatendidas.
Frente a esta realidad,
desde 2016 se ha observado una revitalización del activismo feminista,
evidenciado en la masiva participación de mujeres en movilizaciones y protestas
en distintas partes del mundo. Estas manifestaciones han tenido como propósito
la defensa de los derechos de las mujeres y la denuncia de las múltiples
expresiones de violencia machista. Ejemplos significativos incluyen la marcha
de mujeres en los Países Bajos contra la penalización del aborto, la huelga
feminista en España que demandaba una sociedad libre de opresión sexista,
explotación y violencia, así como los movimientos “Ni Una Menos” en Argentina y
“Ni Una Más” en México, cuyas consignas lograron trascender fronteras e
inspirar acciones en otros países de América Latina y en distintos continentes
(Arruzza, Bhattacharya y Fraser, 2019; Bidaseca et al.,
2017). Como afirma Rosa Cobo (2019), el mundo está siendo testigo de un proceso
de globalización del feminismo.
5.
La violencia contra la mujer por razones de género en
Ecuador
En Ecuador, los movimientos de mujeres y feministas han impulsado una
serie de acciones destinadas a visibilizar y denunciar la violencia de género.
De acuerdo con la información recopilada por Mora (2005), Cevallos (2019) y CAM-CIAM (1998),
estos esfuerzos se materializaron en la creación de organizaciones, fundaciones
y encuentros orientados a la reivindicación de los derechos de las mujeres, así
como a la denuncia de las estructuras patriarcales que perpetúan la
desigualdad. Uno de los ejemplos más significativos fue la fundación del Centro
de Acción de la Mujer, cuyo trabajo sostenido se enfocó en la intervención con
mujeres pertenecientes a sectores históricamente marginados. Sus iniciativas
estuvieron dirigidas a la promoción de la salud sexual y reproductiva—siendo
pioneras en la orientación sobre el uso de métodos anticonceptivos y en la
apertura del debate sobre la interrupción voluntaria del embarazo—y a la lucha
contra la violencia de género. Entre las acciones implementadas se destacó la
conformación de una red barrial de mujeres movilizadas y organizadas,
responsables de brindar acompañamiento, auxilio y contención inmediata en
situaciones de violencia intrafamiliar. Asimismo, se promovieron servicios de
asesoría legal para mujeres, la creación de guarderías comunitarias y programas
de capacitación en distintos oficios, con el objetivo de fomentar y fortalecer
su autonomía económica.
En coordinación con Acción por el Movimiento de Mujeres, durante los
años de 1986 y 1987 se organizaron los Encuentros Nacionales sobre Teoría
Feminista. Al respecto, el primer encuentro tuvo como eje central la legitimación del feminismo dentro
del movimiento de mujeres, consolidando la comprensión de que la emancipación
femenina exige una confrontación directa con el sistema patriarcal y machista,
así como la superación simultánea de las opresiones de género y de clase. Inspiradas
en el feminismo latinoamericano, las participantes propusieron la construcción
de interpretaciones teóricas adaptadas al contexto nacional. A su vez,
analizaron los procesos históricos que han sostenido la subordinación de las
mujeres, la práctica feminista y las diversas manifestaciones de la violencia
de género.
En segundo encuentro, por su parte, se estructuró en torno a la
discusión sobre política y poder, orientando la reflexión hacia el rol político
de las mujeres. En este contexto, se asumió abiertamente la consigna lo
personal es político, resignificando el valor al trabajo de las organizaciones,
así como al de las mujeres independientes en sus hogares, ocupaciones y oficios. En consecuencia, se reconoció que
las prácticas desarrolladas en estos espacios constituyen acciones
transformadoras que deben entenderse como expresiones concretas de acción
política.
En 1983 se fundó el Centro Ecuatoriano para la Promoción y Acción de
la Mujer, con filiales en Quito y Guayaquil. Su principal objetivo era la
capacitación en cuestiones de género, abarcando temas como derechos sexuales y
reproductivos, salud, y prevención y atención de la violencia intrafamiliar,
con el propósito de promover una vida libre de violencia. Entre sus
contribuciones destaca la creación del periódico La Abeja, que mantenía
una publicación dedicada a la visibilización de las mujeres en la historia y al
análisis de la historia de las mujeres. En Guayaquil, el movimiento de mujeres
se distinguió por su activa denuncia y condena de la violencia de género. En
esta misma línea, en 1990 se creó la Fundación de Estudios y Apoyo para la
Mujer y la Familia Ecuatoriana María Guare, que desarrolló proyectos dirigidos
a la prevención de la violencia familiar y contra las mujeres.
Entre 1995 y 1996, la Coordinadora Política Nacional de Mujeres
impulsó una agenda de trabajo feminista que abordó temas como pobreza, empleo,
educación, salud, violencia, derechos humanos, medio ambiente, comunicación,
desarrollo local y participación política. En este contexto, desarrolló el
Primer Congreso Nacional de Mujeres, realizado los días 8 y 9 de febrero, que
contó con la asistencia de ochenta delegadas de diversas organizaciones del
país. Asimismo, se consolidaron otros espacios para la investigación y el
análisis de la condición de la mujer ecuatoriana. En este sentido, se destaca
la Corporación Ecuatoriana de Cooperación e Inclusión de las Mujeres, que
centró sus esfuerzos en el desarrollo y revisión crítica de las categorías
utilizadas por el feminismo, así como el Centro de Planificación y Estudios
Sociales que trabajó en la elaboración de una de las primeras bases
estadísticas sobre la violencia contra las mujeres y en el desarrollo de marcos
conceptuales e interpretativos sobre esta problemática.
A continuación, como resultado de las demandas nacionales de las
mujeres y de los llamados de atención de la comunidad internacional, el Estado
ecuatoriano asumió la responsabilidad de prevenir, erradicar y sancionar la
violencia de género contra las mujeres. Con este propósito, en la década de
1980 y con el acompañamiento de organizaciones de mujeres, se fundó la
Dirección Nacional de Mujeres (DINAMU), que en 1997 pasó a denominarse Consejo
Nacional de las Mujeres. Su objetivo principal consistió en diseñar estrategias
para abordar la violencia de género, a través de campañas de sensibilización,
la creación de casas de refugio para la protección de las mujeres, así como la
realización de estudios e investigaciones. Además ofreció asesoría legal
mediante consultorios jurídicos gratuitos (Obando
et al., 2001).
Enmarcados en esta perspectiva, en 1994 el Estado reconoció la
violencia de género como un problema social que requería garantías técnicas
para su abordaje. Antes de este reconocimiento, la violencia no solo estaba
invisibilizada y naturalizada bajo mecanismos de sometimiento, sino que los
cuerpos legales negaban la posibilidad de denuncia, y su tipificación como
delito era inexistente.
En el mismo año, se crearon las primeras Comisarías de la Mujer y la
Familia (CFM), con el objetivo de prevenir, atender, juzgar y sancionar la
violencia intrafamiliar. Con la promulgación de la Ley Contra la Violencia a la
Mujer y la Familia en 1995 se reguló y definió la violencia como cualquier
acción u omisión que implique maltrato físico, psicológico o sexual perpetrado
por un miembro de la familia contra la mujer o cualquier otro integrante del
grupo familiar. Esta ley, conocida como la Ley 103, brindó a las
mujeres agredidas por sus parejas un recurso legal para su protección y acceso
a la justicia. Además, la Ley diferenciaba la causa de las lesiones ocasionadas
por la violencia, clasificándolas en dos tipos: contravenciones, que eran
atendidas por las CFM, y delitos, que se procesaban en elámbito
penal (Camacho, 2014: 16; Guarderas Albuja, 2016: 200; Ley
Contra la Violencia a la Mujer y la Familia, 1995).
La nueva Constitución de 1998 incorporó disposiciones claves para la
promoción y fortalecimiento de la igualdad de género y de los derechos humanos
de las mujeres. Entre los aspectos fundamentales, destacaron el derecho a una
vida libre de violencia y el derecho a tomar decisiones libres y responsables
sobre su vida sexual y reproductiva. Este avance se vio influenciado por el
protagonismo de las mujeres quienes plasmaron sus demandas en el documento
Nosotras en la Constitución: propuesta de las mujeres ecuatorianas a la
Asamblea Constituyente. El resultado fue un instrumento jurídico esencial que
promulgaba la construcción de una sociedad no discriminadora e inclusiva,
reconociendo la diversidad como pilar de la gobernabilidad democrática. (Del Campo y Evelyn Magdaleno, 2008: 280; Valdivieso,
2017: 49). Al mismo
tiempo, la violencia contra las mujeres fue declarada como un problema de salud
pública (Valle, 2018: 24).
Una
década más tarde, una nueva Carta Magna incorporó de manera explícita la igualdad de género como principio
rector y se comprometió a adoptar todas las medidas legales necesarias para
proteger a las mujeres frente a la violencia. Además, se
declaró garante de sus derechos y asumió la responsabilidad de acompañar a las
víctimas para evitar su revictimización (Constitución del Ecuador,
2008 art.70; 66b, 9, 10; 81). Una vez
más, estas garantías constitucionales fueron precedidas por las demandas y
derechos presentados por las organizaciones de mujeres, que se reflejaron en el
documento titulado Prioridades de las mujeres. En consonancia con este marco normativo, se estableció la creación de
los Consejos de Igualdad (art. 156), proceso que culminó en 2014 con la
conformación del Consejo Nacional para la Igualdad de Género, entidad encargada
de garantizar el pleno ejercicio de los derechos de las mujeres conforme a la
Constitución y los instrumentos internacionales de derechos humanos.
Otro avance significativo, tal vez uno de los más importantes en
materia de política estatal y defensa de los derechos humanos, fue la creación
del Plan Nacional de Erradicación de la Violencia de Género en el 2007. Este
plan surgió del reconocimiento de la violencia como un problema estructural,
resultado directo de los roles conservadores de género y de las desiguales
relaciones de poder que subordinan a las mujeres, perpetuándose en el marco de
las sociedades patriarcales y autoritarias. Con la implementación del plan, en
2011 se desarrolló y aplicó la primera Encuesta Nacional sobre Relaciones
Familiares y Violencia de Género contra las Mujeres, cuyo alcance fue
actualizado en el 2019 con una segunda encuesta.
En consonancia con la
tendencia global, el femicidio se posicionó como una de las principales
demandas del movimiento feminista en Ecuador. Este giro se intensificó a
comienzos de 2013, tras el asesinato de una joven de 20 años, cuyo caso
adquirió gran notoriedad mediática, especialmente en redes sociales. La
movilización generada por este hecho fue impulsada por los familiares de la
víctima, quienes organizaron marchas que rápidamente fueron respaldadas por
allegados de otras víctimas y colectivos feministas (Mena, 2013). Este episodio
marcó un punto de inflexión en el debate público sobre la violencia de género,
motivando a organizaciones y activistas a exigir la tipificación del femicidio
como delito específico, con el objetivo de visibilizarlo y sancionarlo
adecuadamente. La posterior incorporación del delito de femicidio en el Código
Orgánico Integral Penal fue, por tanto, resultado directo de esta presión
social y política.
Ante la persistente ineficacia
de la respuesta estatal y en sintonía con las acciones emprendidas en otros
países de la región, el 26 de noviembre de 2016 el colectivo Vivas Nos
Queremos convocó en Ecuador una marcha para denunciar la violencia
machista, visibilizar la situación de mujeres sobrevivientes y exigir justicia
para aquellas asesinadas en condiciones de impunidad. Esta movilización
aglutinó a familiares de víctimas, mujeres militantes y no militantes,
organizaciones feministas y de derechos humanos, quienes, compartiendo un
sentimiento común, reclamaron justicia, reparación y garantías de no
repetición.
En este marco, la
academia también ha desempeñado un papel fundamental en la visibilización y
problematización del femicidio como un fenómeno social estructural. La investigación
de Pontón Cevallos (2009) ya advertía que la persistencia de patrones
discriminatorios, sexistas y misóginos profundamente arraigados en la sociedad
ecuatoriana constituía un caldo de cultivo para la manifestación extrema de la
violencia de género. Complementariamente, el análisis de Aguayo (2020)
profundiza en los factores estructurales, económicos y de género que
incrementan el riesgo de femicidio, subrayando la importancia de considerar las
condiciones materiales de vida, así como variables sociodemográficas, en la
comprensión integral del fenómeno.
A su vez, estudios de
corte periodístico, como el realizado por Aguilar y Rodríguez (2018), han
puesto en evidencia el tratamiento sensacionalista y espectacularizante
que frecuentemente ofrecen los medios de comunicación al cubrir casos de
femicidio. Esta representación mediática no solo banaliza la violencia, sino
que también contribuye a la revictimización de las mujeres. Desde una
perspectiva jurídica, ciertos enfoques han generado controversia al cuestionar
que la tipificación del femicidio pueda implicar una desventaja legal para los
hombres, aludiendo a una supuesta vulneración del principio de igualdad ante la
ley. No obstante, más allá de estas discrepancias, existe un amplio consenso
académico y social en torno a la insuficiencia de las respuestas legales y a la
debilidad institucional para prevenir, sancionar y erradicar la violencia feminicida.
De hecho, hasta mediados
de 2014, Ecuador no contaba con estadísticas oficiales sobre femicidio, lo cual
evidenciaba la inexistencia de un sistema de registro sistemático sobre esta
forma de violencia. Sin embargo, el movimiento feminista, consciente de la
importancia de documentar estos casos para transformarlos de hechos aislados en
una categoría analítica con implicaciones políticas (Osborne,
2008, citado en Suárez, 2020: 62), ya había comenzado a construir sus propios
registros. En este sentido, Ortega y Valladares (2007) presentaron datos sobre femicidios en la ciudad de Quito, y posteriormente Carcedo (2010) amplió la cobertura con registros en
Guayaquil, Cuenca, Esmeraldas y Portoviejo. De igual manera, el estudio Las
Rutas de la Impunidad, realizado en 2010 por el Centro Ecuatoriano para la
Promoción y Acción de la Mujer (CEPAM) de Guayaquil, proporcionó datos
fundamentales sobre la magnitud del problema. Actualmente, la Fiscalía General
del Estado es la institución oficial encargada de sistematizar esta
información; no obstante, sus estadísticas aún difieren significativamente de
los registros elaborados por organizaciones feministas dedicadas al mapeo de femicidios en el país.
En este contexto, la
reforma del Código Orgánico Integral Penal en 2014 representó un avance
normativo clave, al tipificar y sancionar el delito de femicidio. Según el artículo
141, “[…] la persona que, como resultado de las relaciones de poder
manifestadas en cualquier tipo de violencia, dé muerte a una mujer por el hecho
de serlo o por su condición de género, será sancionada con pena privativa de
libertad de veintidós a veintiséis años” (COIP, 2014: 69). Sin embargo, esta
reforma fue objeto de críticas por parte de diversos sectores del movimiento
feminista, ya que implicaba la derogación parcial de la Ley 103. Al incorporar
la violencia intrafamiliar como delito dentro del nuevo código, se debilitaba
la aplicación inmediata de medidas de protección y se invisibilizaban
aspectos fundamentales como la libertad sexual de las mujeres, previamente
reconocidos en la Ley de 1995 (Guarderas, 2016).
Finalmente, para hacer efectivo el derecho de las mujeres a una vida
libre de violencia, el Estado ecuatoriano consideró necesario la creación de
una nueva Ley que articule un sistema nacional con el objetivo de prevenir y
erradicar la violencia[4].
Bajo estos parámetros el 05 de febrero de 2018 se promulgó la Ley Orgánica
Integral para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres, con el
propósito de coordinar, planificar, organizar y ejecutar acciones que
involucren a todos los poderes del Estado de cara a la atención, protección y reparación
de las mujeres (Asamblea
Nacional República del Ecuador, 2018). Sin
embargo, posterior a su implementación las organizaciones y movimientos
feministas, autoridades de los otros poderes e instituciones del Estado y la
sociedad en su conjunto, expresaron su profunda preocupación y rechazo por el
progresivo recorte presupuestario frente al aumento de los casos de mujeres
víctimas de violencia (Benavides,
2019; Pichincha Universal, 2020; Diario el Comercio, 2020; Revista Vistazo,
2021).
A pesar de estas diversas
perspectivas, existe un consenso general en torno a la insuficiencia de las
medidas legales y la debilidad institucional para comprender, prevenir y
responder de manera efectiva a la violencia que enfrentan las mujeres,
particularmente en el ámbito privado y en las relaciones de pareja. No
obstante, más allá de las limitaciones estatales y jurídicas, las mujeres, los
movimientos y las organizaciones feministas han desempeñado un rol clave en la
visibilización del femicidio. A través de acciones sostenidas de denuncia,
sensibilización y presión social, han contribuido a que este fenómeno sea
reconocido como una problemática estructural que requiere atención urgente por
parte de toda la sociedad.
Es indudable que la
relación de la acción colectiva del movimiento feminista con el Estado permite
dimensionar con mayor precisión la especificidad del proceso de emergencia de
la violencia de género en el Ecuador como un problema social. Cierta
continuidad es visible en el mecanismo social general de esta relación:
iniciativas o demandas que surgen del movimiento de mujeres y terminan
transformándose posteriormente en política pública sin mayores dificultades,
sin embargo, la oficialización de esas políticas se detiene en un
reconocimiento formal amplio, incluso muy avanzado en algunos temas, pero con
una incidencia práctica limitada y poco efectiva. En buena medida, las
iniciativas de intervención que el movimiento ha mantenido en el campo de la
sociedad civil han terminado siendo más efectivas y han tenido un mayor impacto
que las políticas públicas en muchos de los casos. En suma, se trata de avances
en el reconocimiento de derechos en la más alta normativa estatal (la
Constitución, por ejemplo), pero insuficiencia marcada en las capacidades
institucionales de su puesta en práctica. Tanto la permeabilidad para la
inclusión de demandas de la sociedad civil como su radical reconocimiento
normativo formal son características generales de la configuración estatal
ecuatoriana, es posible observar fenómenos semejantes en el caso del movimiento
sindical o del movimiento indígena, resta investigar cómo se ha desarrollado
esa dinámica específicamente para el caso del movimiento feminista.
La especificidad de esta
dinámica del movimiento feminista ecuatoriano con el Estado tiene que ver con
su apuesta por la intervención estratégica sobre aspectos críticos mediante
procesos organizativos en el ámbito de la sociedad civil. Es importante tener
en cuenta las investigaciones y documentos revisados en este estudio revelan
que en la acción colectiva del movimiento de mujeres y feminista parece haber
tenido un peso importante la creación de distintas ONG que buscaban intervenir
en ámbitos específicos como la planificación familiar, la asesoría legal o la
contención de mujeres violentadas; en tanto que, solo en una etapa posterior
–especialmente en relación con las demandas en contra del femicidio– la
militancia organizada adquirirá un rol más relevante en la lógica de contención
feminista.
Si bien los estudios
sobre el movimiento de mujeres y el movimiento feminista advierten de elementos
compartidos a escala global, la revisión de la literatura existente para el
caso ecuatoriano muestra que la investigación sobre las dinámicas específicas
puede ser muy fructífero en el ánimo de recabar las diversas estrategias
políticas del movimiento en contextos sociohistóricos
diversos. En este sentido, si bien se pueden identificar grandes tendencias
como la conformación de organizaciones de gestión e intervención social u
organizaciones militantes, resta por ampliar el conocimiento sobre las
dinámicas más específicas, los estudios de caso sobre organizaciones concretas
pueden contribuir significativamente en ese cometido.
Aunque las perspectivas
conceptuales y teóricas son diversas para abordar las estrategias del
movimiento feminista, el examen de la experiencia en el Ecuador deja ver que
enfocar el análisis en la lógica contenciosa que el movimiento tiene con el
Estado abre posibilidades interpretativas de significativo interés tanto para
la investigación académica como para la acción política. La particularidad del
conglomerado estatal en Ecuador y su permeabilidad a las demandas de los
sectores subalternos constituye un escenario político muy peculiar que permite
comprender de modo preciso el proceso político de posicionamiento de temáticas
cruciales para el movimiento de mujeres y, muy posiblemente, para otros
movimientos sociales. Aquí también son indispensables los estudios de casos
específicos o de coyunturas concretas de conflicto entre el movimiento
feminista y el Estado.
Otro aspecto relevante
tiene que ver con las coaliciones sociales en las que se inserta el movimiento
de mujeres. La literatura examinada presenta alguna información, pero esta
ocupa un espacio marginal. Es indispensable alcanzar un mayor conocimiento
sobre las coaliciones entre las organizaciones de mujeres y feministas, así
como las que han tenido lugar con otros movimientos como el indígena, el
ecologista o los sindicatos. Aquí se requiere precisar las tensiones, así como
la posible subordinación de la agenda feminista a otras demandas. También el
estudio detenido de casos y coyunturas concretas puede arrojar luz sobre el
carácter específico de estos procesos.
Finalmente, y aunque
menos desarrollado en este articulo, es necesario reconocer la influencia de la
academia en la sustentación técnica de los discursos públicos y en la disputa
política llevados a cabo por el movimiento de mujeres. Un ejemplo ilustrativo
es la iniciativa del movimiento por iniciar proceso de documentación acerca de
la violencia femicida, esto sin duda contribuyó a
fortalecer las posiciones del movimiento en la disputa pública. No se debe
perder de vista que muchas académicas son también militantes del movimiento o
funcionarias de las ONG que intervienen en cuestiones de violencia de género.
Sin embargo, se requiere una más exhaustiva investigación sobre las relaciones
entre la academia, las ONG y el activismo en el caso ecuatoriano.
Bibliografía
Agencia EFE (2017). “El
encuentro feminista en Montevideo concluye con una marcha contra la violencia”.
En: Qué Pasa Media Network, 25 de noviembre. Disponible en: https://quepasamedia.com/noticias/mundo/centroamerica-y-caribe/el-encuentro-feminista-en-montevideo-concluye-con-una-marcha/ [01/05/2025].
Aguayo, Estefanía (2020). “Tentativa de femicidio: Una
encrucijada entre muerte e impunidad”. En: Betty Espinoza,
André Noël Roth, y William F. Waters (Eds). Mundos Plurales. Revista Latinoamericana
de Políticas y Acción Pública, 7(1)
pp. 79-96.
Aguilar, Daniela, y Claudia Rodríguez (2018). “El
femicidio en la prensa ecuatoriana: análisis de contenido de los diarios El
Universo y El Comercio”. En: Estudios
sobre el Mensaje Periodístico, 24 (1), pp. 13-32.
Álvarez, Sonia (1998). “Los feminismos Latinoamericanos
se globalizan en los noventa: Retos para un nuevo milenio”. En: María Luisa Tarrés Barraza (Coord). Género y cultura en América Latina.
México: El Colegio de México, pp. 89-134.
Arruzza, Cinzia; Bhattacharya, Tithi y Fraser, Nancy (2019). Feminismo
para el 99%. Un manifiesto. Buenos Aires: Rara Avis.
Asamblea
Nacional Repúbica del Ecuador (2018). Ley Orgánica
Integreal para Prevenis y
Erradicar la Violéncia Contra las Mujeres. Disponible
en: https://www.igualdad.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2018/05/ley_prevenir_y_erradicar_violencia_mujeres.pdf [01/05/2025].
Benavides, Gina (2019).
“Pronunciamiento de la Defensoría del Pueblo a un año de vigencia de la Ley
para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres”. En: Defensoría
del Pueblo. Disponible en: https://www.dpe.gob.ec/wp-content/dpecomunicacion/pronunciamientos/pronunciamiento-violencia-mujeres.pdf [01/05/2025].
Bidaseca, Karina (Comp.) (2017). #Ni Una Menos. Vivas nos queremos. Argentina: Milena Caserola.
Bosch Fiol, Esperanza y
Ferrer Pérez, Victoria (2000). “La violencia de género: De cuestión privada a
problema social”. En: Psychosocial Intervention,
9(1), pp. 7-19.
CAM-CIAM - Centro Acción de la Mujer y
Centro de Información y Apoyo a la Mujer (Eds.) (1998). Tomando fuerzas para
volar con fibra: Memoria del Primero y del Segundo Encuentro-Taller de Teoría
Feminista, Ballenita-Ecuador, 1986 y 1987. Ecuador: CAM-CIAM.
Camacho, Gloria (2014). “La violencia de género contra
las mujeres en Ecuador: Análisis de los resultados de la Encuesta Nacional
sobre Relaciones Familiares y Violencia de Género contra las mujeres”. En: Consejo
Nacional para la Igualdad de Género. Quito, Ecuador.
Campagnoli, Mabel (2005). “El feminismo es un humanismo. La
década del 70 y lo personal es político”. En: Memoria Académica, pp. 154-168. Disponible en: https://www.memoria.fahce.unlp.edu.ar/libros/pm.4750/pm.4750.pdf [05/02/2025].
Carcedo, Ana (2010). Femicidio
en Ecuador. Quito: Comisión de Transición hacia el Consejo de las Mujeres y
la Igualdad de Género.
Celiberti, Lilián (2015). “Desatar,
Desnudar...Reanudar”. En: Estudios de
Sociología. Araraquara. 20(39), pp. 291-308.
Cevallos, Pamela (2019). Violencia
contra las Mujeres: Orígenes de la producción teórica en Ecuador 1980 1995.
Tesis Doctoral. Ecuador: Universidad Central del Ecuador.
Cobo, Rosa (2019). “La cuarta ola: la globalización
del feminismo” En: Servicios sociales y
política social, 36(119), pp. 11-20. Disponible en: https://www.serviciossocialesypoliticasocial.com/-40 [01/05/2025].
COIP (2014). Código Orgánico
Integral Penal, Ecuador. Disponible en: https://www.oas.org/juridico/PDFs/mesicic5_ecu_ane_con_judi_c%C3%B3d_org_int_pen.pdf
[01/05/2025].
Constitución del Ecuador (2008).
Constitución de la República del Ecuador. Disponible en: https://www.oas.org/juridico/pdfs/mesicic4_ecu_const.pdf [01/05/2025].
De Barbieri, Teresita (2004). “Más de tres décadas de
los estudios de género en América Latina”. En: Revista Mexicana de Sociología, 66, pp. 197-214.
De Miguel Álvarez, Ana (2005). “La construcción de un
marco feminista de interpretación: la violencia de género”. En: Cuadernos de Trabajo Social, 18, pp.
231-48. Disponible en: https://revistas.ucm.es/index.php/CUTS/article/view/CUTS0505110231A [01/05/2025].
Del Campo, Esther y Magdaleno, Evelyn (2008). “Avances
legislativos de acción positiva en Bolivia, Ecuador y Perú.” En: Mercedes
Prieto (Eds). Mujeres
y escenarios ciudadanos. Quito, Ecuador: FLACSO, Ministerio de Cultura, pp.
275-296
Diario el Comercio (2020).
“Fiscal General pide al Presidente asignar el ‘presupuesto necesario’ para la
ejecución de la Ley de Prevención y Erradicación de la Violencia de Género”. 16
de noviembre de 2020. Disponible en: https://www.elcomercio.com/actualidad/seguridad/fiscal-presidente-presupuesto-violencia-genero/ [01/05/2025].
Fiscalía General del Estado (2021). Estadísticas
Violencia de Género. Disponible en: https://www.fiscalia.gob.ec/estadisticas-fge/ [14/01/2025].
García, Carmen y Magdalena Valdivieso (2005). “Una
aproximación al movimiento de mujeres en América Latina: De los grupos de
autoconciencia a las redes nacionales y trasnacionales. En: Observatorio Social de América latina.
Buenos Aires: OSAL, pp:41-56.
Goetschel, Ana María (2018). “Orígenes del feminismo en el
Ecuador”. En: Gioconda Herrera y Bolívar Echeverría (Eds).
Antología
del pensamiento crítico ecuatoriano contemporáneo. Buenos Aires: Colección Antologías del
pensamiento social latinoamericano y caribeño, CLACSO, pp. 469- 499
Guarderas Albuja, Paz (2016).
“Silencios y acentos en la construcción de la violencia de género como un
problema social en Quito”. En: Íconos.
Revista de Ciencias sociales, 55, pp. 191-213.
Jabardo, Mercedes et al. (2012). Feminismos
negros una antología. España: Traficantes de sueños.
Lamus Canavate, Doris (2009).
“Localización geohistórica de los feminismos
latinoamericanos”. En: Polis, Revista de
la Universidad Bolivariana, 8(24), pp. 95-109.
Ley Contra la Violencia a la
Mujer y la Familia (1995). Ley 103. Congreso Nacional de la República
del Ecuador. Disponible en: https://vlex.ec/vid/ley-103-ley-violencia-643461273 [01/05/2025].
Mena, Paúl (2013). “El femicidio
que conmueve a Ecuador”. En: BBC News Mundo, 25 de marzo de 2013.
Mill, John Stuart y Emilia Pardo
Bazán (2008). La esclavitud femenina.
Tenerife: Artemisa Ediciones.
Minello, Nelson (2002). “Los estudios de
masculinidad”. En: Estudios Sociológicos
20(3), pp. 715-32.
Mora, Melina (2005). “El movimiento de mujeres en el
Ecuador, el caso Guayaquil”. En: La
Tendencia. Revista de análisis político, 2, pp. 53-62.
Obando, Ana Elena et. al.
(2001). Convención Belem do Pará, 5 años después: Una revisión de la
implementación de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y
Erradicar la Violencia Contra la Mujer: región sudamericana Ecuador. Costa
Rica: ILANUD, Programa Mujer, Justicia y Género.
Ortega, Enma
y Valladares, Lola (2007). Femicidio o el riesgo mortal de ser mujer:
estudio exploratorio en el Distrito Metropolitano de Quito, años 2000-2006.
Quito: Alcaldía metropolitana de Quito.
Pichincha Universal (2020). “Ecuador sin presupuesto
para la prevención y erradicación de la violencia de género”. En: República
del Banano, 17 de noviembre de 2020. Disponible en: https://republicadelbanano.com/2020/11/17/ecuador-sin-presupuesto-para-la-prevencion-y-erradicacion-de-la-violencia-de-genero/ [05/02/2025].
Pineda, Esther (2019). Cultura femicida:
el riesgo de ser mujer en América Latina. Buenos Aires: Prometeo.
Pontón Cevallos, Jenny (2009). “Femicidio en el
Ecuador: realidad latente e ignorada”. En: Ciudad
segura, 31, pp. 4-9.
Revista Vistazo (2021). “Presupuesto para erradicación
de violencia de género en Ecuador causa “preocupación”; víctima da su
testimonio”, 14 de enero de 2021. Disponible en: https://www.vistazo.com/seccion/presupuesto-para-erradicacion-de-violencia-de-genero-en-ecuador-causa-preocupacion-victima [05/02/2025].
Rubín, Gayle
(1986). “El tráfico de mujeres: Notas sobre la «economía política» del sexo”.
En: Nueva Antropología, 8(30), pp. 95-145.
Santillana, Alejandra y Aguinaga, Margarita (2012).
“El movimiento de mujeres feministas en Ecuador”. En: Instituto de Estudios
Ecuatorianos, Fundación Rosa Luxenburg, pp. 1-33.
Disponible en https://www.iee.org.ec/ejes/movimientos-sociales/el-movimiento-de-mujeres-y-feministas-del-ecuador.html [05/02/2025].
Saporta, Nancy; Aranguren, Marysa; Chuchryk, Patricia y Álvarez, Sonia (1994). “Feminista na
América Latina: de Bogotá a San Bernardo”. En: Instituto de Estudos de Género da Universidade Federal de Santa Catarina, 2(2), pp. 255.
Suaréz, Helena
(2020). “Datos discordantes. Información pública sobre femicidio en Uruguay”.
En: Mundos Paralelos. Revista Latinoamericana de Políticas y Acción Pública,
7(1), pp. 53-78. https://doi.org/10.17141/mundosplurales.1.2021.3937 [05/02/2025].
Thompson, Williams y Wheeler,
Anna (2001). La demanda de la mitad de la raza humana, las mujeres, contra
la pretensión de la otra mitad, los hombres, de mantenerlas en la esclavitud
política y, en consecuencia, civil y doméstica. Madrid: Ed. Comares.
Tristán, Flora (1977). Unión obrera.
Fontamara, Barcelona.
Valdivieso, Magdalena (2017). “Propuesta Feministas en
los procesos Constituyentes Latinoamericanos de las últimas décadas”. En:
Montserrat Sagot Rodríguez (Coord.). Feminismos, pensamiento crítico y propuestas
alternativas en América Latina: Buenos Aires: CLACSO, pp. 43-60. Disponible
en: https://biblioteca.clacso.edu.ar/clacso/gt/20170828113947/Feminismos_pensamiento_critico.pdf [05/02/2025].
Valle, Catalina
(2018). Atlas de Género. Quito: Instituto Nacional de Estadísticas y
Censos. Disponible en: https://www.ecuadorencifras.gob.ec/documentos/web-inec/Bibliotecas/Libros/Atlas_de_Genero_Final.pdf [05/02/2025].
Venegas, Lola; Isabel Martínez Reverte y Margó Venegas
(2019). La guerra más larga de la
historia: 4.000 años de violencia contra las mujeres. Barcelona: Espasa.
[1] Algunas notas de la condición de fragilidad, sometimiento e
indefensión de las mujeres quedaron registradas en las obras de Thompson y
Wheeler; John Stuart Mill (2008); Flora Tristán; entre otros.
[2] Gayle Rubín (1986b: 104) lo redefine como
sistema sexo- género, es decir, el conjunto de disposiciones por el cual la
materia prima biológica del sexo y la procreación humana es conformada por la
intervención humana y social y, satisfecha en una forma convencional por
extrañas que sean algunas de sus convenciones. Por su parte, Minello (2002) considera
que el patriarcado solo es atribuible a un momento histórico de la
sociedad.
[3] El momento político por el que atravesaba el
CONOSUR pospone la cristalización del movimiento feminista y cualquier otro
tipo de organización y participación social a la década de los ochenta.
[4] En
marzo de 2015 el Comité de la CEDAW, instó al Estado ecuatoriano para que
agilice la aprobación de un completo plan de acción nacional para la
eliminación de la violencia contra las mujeres y establezca un presupuesto
adecuado. El comité viene reiterando
esta observación desde el 2008.