El neoabolicionismo de
la prostitución:
Pensamiento y activismo feminista en España
(1975-2025)
Neoabolitionism of prostitution:
Feminist thought and activism in Spain (1975-2025)
|
Eva
Palomo Cermeño |
|
Universidad
Rey Juan Carlos – España |
Resumen
El mercado
prostitucional global vive una creciente expansión en casi todo el mundo a
costa de millones de mujeres y niñas. Es el caso de España, país destino de las
redes internacionales de tráfico para la explotación sexual. En este trabajo se
revisa y analiza el neoabolicionismo del sistema
prostitucional en este país, sus antecedentes históricos, su sustrato teórico,
las experiencias y propuestas legislativas de tipo abolicionista, así como su
recepción por parte de los partidos políticos y organizaciones feministas. Se
concluye que es necesario ética y políticamente construir sociedades libres de
prostitución compatibles con la igualdad entre los sexos y el respeto a la
dignidad y a los derechos humanos de las mujeres.
Palabras clave: feminismo, abolicionismo, neoabolicionismo,
prostitución, igualdad entre los sexos.
Abstract
The global prostitution market is expanding
all over the world at the
expense of millions of women
and girls. This is the case of Spain, a destination country for international trafficking networks for sexual exploitation. This paper reviews
and studies neo-abolitionism
of the prostitution system in this country, its historical background, its theoretical substratum, the abolitionist experiences and legislative proposals, as well as its reception by
political parties and feminist organisations. It is concluded
that it is
ethically and politically necessary to build prostitution-free societies
compatible with equality between the sexes
and respect for the dignity and human rights of women.
Keywords: feminism, abolitionism, neoabolitionism, prostitution, equality between the sexes.
Es una
batalla larga y dura, pero será un orgullo saber que hemos formado parte de un
movimiento noble y justo, que ha dejado como legado, para las que
quizá aún
no han nacido, un mundo sin prostitución.
Amelia Tiganus (2021)
1. Introducción
Según la organización Coalición Internacional contra
el Tráfico de Mujeres -Coalition against
Trafficking in Women (CATW)[1]-
los millones de mujeres y niñas traficadas para la explotación sexual no dejan
de aumentar. Pese a la insistencia en separar tráfico, trata y prostitución,
parece claro que el papel de la demanda ya no puede obviarse en los tratados
internacionales, planes y medidas adoptadas por los estados frente a este
comercio contrario a los derechos humanos. No tendría sentido la captación,
traslado y distribución de una ‘mercancía’ si no fuera para abastecer los
burdeles de todo el mundo. Como señala CATW (n.d.),
“sin compradores, no existiría la multimillonaria industria del sexo”.
Es necesario pensar este estado de cosas desde una
perspectiva más amplia, si lo deseable y justo es asegurar una vida libre de
violencia para tantas niñas y mujeres en el mundo. En este sentido, de poco
servirán las iniciativas de lucha contra el tráfico para la explotación sexual
si no se aborda el sistema prostitucional en su conjunto. La organización CATW
plantea una postura abolicionista de la prostitución, señalando cómo los Estados
que han aprobado legislaciones eficaces para proteger a las víctimas y para
exigir responsabilidades a los autores de dicha violencia, han comprendido “los
vínculos entre: (1) la prostitución como forma de violencia masculina y
discriminación contra las mujeres; (2) la demanda masculina de prostitución
como factor principal que contribuye al crecimiento del comercio sexual, y su
motor el tráfico sexual; y (3) la prostitución como obstáculo para la igualdad”
(Ibídem).
En el mismo sentido se pronuncia la organización Coalition Abolition Prostitution International (CAP Intl,
n.d.), “El sistema prostitucional supone una
violación de los derechos humanos y un obstáculo fundamental para el logro de
la igualdad de género”.
Se admite habitualmente que ciertas prácticas
consideradas tradicionales y normalizadas socioculturalmente pueden ser
incompatibles con los derechos fundamentales de las mujeres (CEDAW, 1979). La
prostitución es un caso paradigmático. Sin embargo, es frecuente escuchar que
es algo que siempre ha existido; un ‘argumento’ éticamente débil y por tanto
inútil de cara a avanzar en la emancipación de las mujeres.
Para este análisis se ha partido de un enfoque
universalista respecto a los derechos y la dignidad humana, considerando además
que tanto las víctimas como los perpetradores, beneficiarios y cómplices del
sistema prostitucional forman parte de estructuras de dominación. Para el
abolicionismo la prostitución no solo es un sistema sino también una
institución que a lo largo de la historia ha garantizado a la población
masculina el acceso a los cuerpos de las mujeres a cambio de dinero, atendiendo
así a unas supuestas “necesidades irrefrenables y derechos masculinos”. Además,
ha podido y puede hacerlo sin tener que enfrentarse a consecuencias legales ni
morales. Todo ello, reforzado por la ideología dominante -que permea toda la
sociedad- y que, parafraseando a Marx, sería la correspondiente a las clases
dominantes beneficiarias de la explotación. Por tanto, el género y la clase han
sido categorías analíticas siempre presentes en la perspectiva abolicionista.
Por una parte, el patriarcado, que como entidad metaestable parece gozar de muy buena salud, tanto en su
versión más coercitiva como en la variante del consentimiento, más propia de las
sociedades formalmente igualitarias (Puleo, 1995).
Ante la feminización de la pobreza, la violencia contra las mujeres en sus
diversas manifestaciones y su papel en el extractivismo
sexual y reproductivo, por citar algunos ejemplos, no parece que este sistema
de dominación haya desaparecido, como a veces se argumenta. Esta falsa ‘muerte
del patriarcado’ ha sido analizada con brillantez por la filósofa Celia Amorós
(2005: 269-273). Y, por otra parte, estaría la otra gran estructura de
dominación: el sistema económico capitalista en la fase actual más globalizada
y su correlato ideológico: el neoliberalismo.
El abolicionismo de la prostitución, como parte de la
tradición feminista que constituye una teoría política crítica, pone de
manifiesto los intereses que ambos sistemas de dominación pretenden perpetuar.
El feminismo, como ética de la sospecha que es, cuestionará frente a la
ideología neoliberal conceptos como la “libre elección”, el “consentimiento”
-tótem que justifica casi todo-, la normalización de la cosificación y
mercantilización de las mujeres, o la supuesta neutralidad no generizada de los intercambios que se producen en las
sociedades desiguales. Como bien señala la filósofa Alicia Miyares
(2017: 120), “En el contexto neoliberal asimétrico y de defensa de la libertad
negativa, las mujeres pierden”.
En España, el mercado prostitucional continua en
expansión pese a tratarse de una sociedad formalmente igualitaria. En palabras
de Ana de Miguel (2015a: 150), “contra todo pronóstico, porque el compromiso
con el valor de la igualdad, unido a la nueva libertad sexual que ya han
disfrutado varias generaciones, generó la idea difusa de que la prostitución
acabaría convirtiéndose en un fenómeno residual y marginal”. Sin embargo, el neoabolicionismo surgido sobre todo en los últimos 25 años
en nuestro país frente al intento de normalización y lavado de cara de este
cruel ‘negocio’ de compraventa y alquiler de seres humanos, ha supuesto una
aportación importante al debate teórico feminista, además de haber jugado un
papel significativo en el seno de una movilización feminista intergeneracional.
2. Objetivos
Este trabajo se propone estudiar las propuestas éticas
y políticas del abolicionismo de la prostitución, su genealogía, y
especialmente el papel del neoabolicionismo en el
pensamiento y en el activismo feminista en los últimos cincuenta años en
España, así como las iniciativas legislativas abolicionistas y su impacto
social y político.
3. Metodología
Se ha realizado una revisión bibliográfica de fuentes
primarias y secundarias, de tipo teórico, legislativo e institucional.
4. Resultados de la investigación
4.1. Antecedentes históricos del
movimiento neoabolicionista español: una genealogía
invisibilizada y distorsionada
Dada la importancia de la
visibilización de la genealogía feminista y el necesario diálogo
presente-pasado, es fundamental detenerse en el estudio de la tradición
abolicionista de la prostitución. A pesar de que las ideas abolicionistas han
permeado el feminismo desde sus orígenes ilustrados, nos centraremos en el
siglo XIX y la influencia en España de la campaña de Josephine
Butler y el desarrollo de la International Abolitionist
Federation (IAF) contra la reglamentación de la
prostitución, así como en las ideas y propuestas legislativas abolicionistas
planteadas durante la II República española.
4.1.1. El
abolicionismo de la prostitución en el siglo XIX
Aunque el feminismo español
del XIX no se caracterizó por protagonizar grandes movimientos sociales como
fueron los casos de Gran Bretaña o de Estados Unidos, es de justicia señalar el
papel que jugaron diferentes organizaciones y asociaciones femeninas y sobre
todo de voces individuales, muchas de ellas conocidas escritoras, periodistas o
reformadoras sociales, como Concepción Arenal, Carmen de Burgos, o Emilia Pardo
Bazán en la defensa de la igualdad; y por tanto, críticas con la explotación
sexual de las mujeres. Las reivindicaciones feministas presentes en la sociedad
española del XIX fueron sobre todo el derecho a la educación, al trabajo
profesional y al voto, pero poco a poco la crítica a la doble moral sexual, al
matrimonio y a la prostitución se abrieron paso en los escritos de estas pioneras. Sin embargo, estas
cuestiones eran abordadas con mucha cautela debido al enorme rechazo que
implicaba para las mujeres tratar estas cuestiones públicamente. Podía suponer
la pérdida de las escasas alianzas y apoyos con los que contaban.
En España, desde hacía
siglos imperaba el prohibicionismo, alternándose puntualmente con medidas reglamentaristas. Desde mediados del siglo XIX se implantó
un sistema reglamentarista recomendado por muchos
higienistas al igual que en otros países europeos -Gran Bretaña o Francia,
entre otros-. Según estos, el objetivo era el de frenar la expansión de las
enfermedades venéreas y acotar los lugares donde se ejercía la prostitución, un
“mal menor inevitable” y “necesario” para dar salida a las “necesidades
sexuales” masculinas.
Frente a estas medidas se
lanzaron voces, influidas por la figura de Josephine
Butler quien lideró una campaña durante 20 años contra las leyes de
enfermedades contagiosas -CD Acts- en Gran Bretaña,
hasta que se consiguió su revocación en 1886, además de la elevación de la edad
de consentimiento a los 16 años. Butler fue una de las fundadoras en 1875, de
la International Abolitionist Federation
(IAF), cuyo objetivo era abolir la regulación estatal de la prostitución en
todo el mundo, ya que “El tráfico de mujeres para la esclavitud sexual en el
siglo XIX estaba directamente vinculado a la prostitución regulada por el
Estado” (Barry, 1979: 12). Las ideas abolicionistas condenaban el papel del
estado como beneficiario económico de la actividad prostitucional, como estado
“proxeneta”, la incompatibilidad del sistema prostitucional con la igualdad
sexual y la culpabilización, degradación y criminalización de las mujeres
prostituidas. Butler denunció el sistema prostitucional, no a sus víctimas
(Barry, 1979: 12-32; De Miguel y Palomo, 2011; Palomo, 2017).
Sin embargo, la campaña
abolicionista fue eclipsada o confundida -del mismo modo que en la actualidad
se ‘confunde’ abolicionismo y prohibicionismo, que son modelos diferentes- con
las propuestas prohibicionistas de los reformadores por la pureza, que en 1899
crearon la Oficina internacional para la eliminación del tráfico de blancas
(International Bureau for the
Suppression of the White
Slave traffic o IB). Su planteamiento no era
feminista, criminalizaba a las prostituidas, asumía la desigualdad racial, y a
la larga interesó más a los estados y a sus intereses imperialistas (Limoncelli, 2010). Es sabido que, tanto en el mundo
globalizado de la segunda mitad del siglo XIX como en el actual, resulta
fundamental comprender la dimensión geopolítica del comercio prostitucional
(Guerra, 2017).
En España en 1852 el
semanario La mujer, promovido por
María Teresa Verdejo Durán, puso en marcha una campaña de protesta contra la
reglamentación de la prostitución, y apoyaba a los centros de ayuda para
mujeres jóvenes sin recursos, intentando evitar que tuviesen que recurrir a la
prostitución (Guereña, 2003). Pero será a través de
ciertos pastores protestantes -F. Fliedner, A. L. Empaytaz y S. Sabio del Valle- que se introducen estas
ideas, con la difusión de traducciones de artículos o folletos abolicionistas
como Una voz en el desierto de J.
Butler (1877). A ello contribuyó Concepción Arenal en su revista La Voz de la Caridad. Decir que estas
primeras manifestaciones fueron aisladas y minoritarias y muy hostilizadas por
las autoridades políticas y religiosas católicas, lo que influyó en la
dificultad para encontrar representantes del país en los encuentros
internacionales de la IAF en Europa.
Concepción Arenal fue una de
las primeras feministas españolas que apoyó el abolicionismo de la prostitución
(Del Valle Moreno, 2014: 306-336), pero sin comprometerse activamente, parece
que debido a la falta de apoyo e incluso de las presiones políticas en contra.
Es claro que la costumbre de intentar silenciar, presionar y ridiculizar al
movimiento abolicionista cuenta con un largo historial[2].
La autora trató el tema con cautela en su obra La mujer del porvenir
(1869), llegando a reproducir en distintos medios extractos de la obra de Josephine Butler. Como explica el historiador Guereña, “Parece que tuvo que renunciar por presiones
ejercidas por “personajes políticos muy influyentes” que le habrían obligado a
“comprender que no sólo tal movimiento sería dificultado por el gobierno, sino
que las obras caritativas actuales (de las que se ocupaba activamente
Concepción Arenal) sufrirían ciertamente de las funestas consecuencias de tal
intervención” (Guereña, 2003: 353).
Por su parte, Emilia Pardo
Bazán había dado a conocer en nuestro país al filósofo y parlamentario
británico J. Stuart Mill, un convencido feminista y
abolicionista de la prostitución y autor de un rompedor texto para el debate
parlamentario contra las medidas reglamentaristas.
Igualmente, el carácter
abolicionista de la tradición del feminismo socialista[3]
tuvo una repercusión significativa en España. Un ejemplo de ello fue la
denuncia de la reglamentación y sus consecuencias por parte de las feministas
de formación fourierista de Cádiz –como María José
Zapata, Margarita Pérez de Celís- en su medio de
expresión El Pensil Gaditano (1856),
después El Nuevo Pensil de Iberia
(1859).
Estas posiciones
desarrolladas en el XIX continuaron manifestándose en las primeras dos décadas
del siglo XX. La feminista Carmen de Burgos –‘Colombine’-
reflejó su perspectiva abolicionista recogiendo la supresión por ley de la
reglamentación de la prostitución en el programa manifiesto que a través de sus
nueve puntos reivindicaba la igualdad entre los sexos. El manifiesto fue
firmado por millares de mujeres de diferentes clases sociales a instancias de
la organización independiente Cruzada de las mujeres españolas, en 1921
(Utrera, 1998).
4.1.2. Avances hacia el abolicionismo
prostitucional en la Segunda república española
Durante las dos primeras décadas del siglo XX se
comenzó a cuestionar el sistema reglamentarista de la
prostitución vigente desde mediados del XIX en España. Un sistema muy arraigado
y conveniente para muchos: “[…] los beneficios económicos que el sistema
reportaba a determinadas instituciones del país —alcaldías y gobiernos
civiles— lo que hacía el modelo muy atractivo en materia pecuniaria” (Rivas,
2017: 351). La crítica feminista y el nuevo escenario político propiciado por
el advenimiento de la Segunda República en 1931 provocaron un debate sobre el
papel de las mujeres en la sociedad, y, por tanto, sobre la necesidad de abolir
la prostitución. En un ambiente político marcado por las reivindicaciones de
igualdad entre los sexos y el reformismo sexual, se aprobó el decreto de 28 de
junio de 1935 por el que se suprimía el sistema reglamentarista.
La II República produjo notables avances para las
mujeres -igualdad jurídica, derecho al divorcio, despenalización del adulterio,
etc.-, que llevaron a un cuestionamiento del sometimiento sexual y la falta de
autonomía. Las ideas abolicionistas fueron defendidas dentro y fuera del
parlamento por mujeres de la talla de Clara Campoamor -también Margarita Nelken, María Martínez Sierra, entre otras- desde un
análisis profundo de las causas, condicionantes y consecuencias de este sistema
en las vidas de las mujeres. Se abrían paso, pero compartiendo el debate con
planteamientos higienistas, relativos a la salud pública y el bien común, y
también de carácter religioso y conservadores. Aunque representantes del
republicanismo se habían adherido a la IAF, no hubo un compromiso activo en su
defensa, salvo excepciones puntuales, como en la Institución libre de enseñanza
(Guereña, 2003).
Las mujeres miembros de partidos y organizaciones que
apoyaron esta postura estaban vinculadas sobre todo a la tradición socialista,
marxista y anarquista. Compartían la idea de que en las nuevas sociedades no
capitalistas la prostitución -como forma de explotación y degradación humana-
desaparecería al ser las mujeres autónomas laboralmente y tener los mismos
derechos. Quienes probablemente llegaron más lejos en sus campañas contra el
sistema prostitucional como paradigma de las relaciones económicas y políticas
bajo el capitalismo, y en la elaboración de
propuestas concretas para su erradicación, fueron las mujeres anarquistas de la
Federación de Mujeres Libres, como Lucía Sánchez Saornil,
Mercedes Comaposada o Amparo Poch
y Gascón -1936-1939-. La novedosa propuesta de los liberatorios de
prostitución, iniciativas para el apoyo psicológico y capacitación laboral y
política a las mujeres en esta situación, merece una consideración más profunda
que aquí no se puede abordar. Fueron difundidos en su medio de expresión Mujeres
libres. También defendieron la necesidad de trabajar esta cuestión de forma
preventiva, aunque todo ello quedó truncado por la situación bélica (Ackelsberg, 1991).
La República realizó importantes esfuerzos para sacar
adelante una normativa de corte abolicionista, lo que resultó complicado y su
aplicación breve y con escasos efectos, debido a la compleja situación política
y el golpe de estado de 1936. El decreto abolicionista de 1935 no era puramente
abolicionista, sino que mantuvo algunos aspectos propios de los modelos reglamentaristas como el control sanitario (Guereña, 2003; Rivas, 2017). Sin embargo, se manifestaba
contra la doble moral sexual defendiendo la igualdad, prohibía la publicidad de
la prostitución en cualquier medio, contemplaba medidas sociales de apoyo a las
víctimas y se adhería al movimiento abolicionista internacional.
Como es bien sabido, a partir de 1939 la dictadura
franquista reprimió brutalmente cualquier idea progresista y feminista. La
prostitución pasó a estar reglamentada a partir de 1941, y años después desde
1956 en adelante, se implantaría un modelo prohibicionista. El planteamiento en
ambas etapas fue el de criminalizar a las mujeres prostituidas, a las mujeres
“caídas”, como responsables de la degradación moral de la sociedad (Núñez,
2003).
4.2. El neoabolicionismo
de la prostitución: Desde 1975 a 2025
A
partir de 1975, tras el fin
de la dictadura, las feministas
españolas se enfrentaban a
la ingente tarea de retomar las reivindicaciones y logros de la etapa republicana, referentes borrados de la historia. Las mujeres curtidas políticamente en la lucha antifranquista, junto a las
generaciones más jóvenes, se disponían a dar una difícil y larga batalla por sus elementales derechos. La influencia
del pensamiento y activismo
del feminismo internacional
estaba presente y quedaba todo por conquistar: la igualdad jurídica, laboral, educativa, social y cultural. Desde
las luchas feministas de la
Transición, los años 80 y
90 donde se producen cambios significativos en cuanto a la impronta feminista en las políticas públicas de igualdad, hasta los
debates y batallas que libran
las feministas de la denominada
Cuarta ola en el siglo XXI. Esto último en un contexto
globalizado en el que el
dogma neoliberal parece estar
plenamente asentado y haber invadido todos los aspectos de la vida.
4.2.1. Nada es más práctico que una buena teoría
Las posiciones feministas defendidas por parte de las
mujeres activas tanto en los movimientos autónomos como en los partidos
políticos mostraban un buen conocimiento de los referentes teóricos feministas
europeos y anglosajones de los años 60 y 70. La lectura de los documentos,
manifiestos o panfletos de la época así lo ponen de manifiesto. Sin embargo, no
fue hasta finales de los años 80 que el feminismo comenzó a tener una presencia
creciente en el mundo académico. Un ejemplo paradigmático fue el Seminario
Feminismo e Ilustración puesto en marcha por la filósofa Celia Amorós,
impartido en la Universidad Complutense de Madrid, entre los años 1987 y 1994;
un auténtico vivero de estudio y debate feminista[4].
Las aportaciones de las investigadoras formadas en
este contexto a la crítica neoabolicionista al
sistema prostitucional, se podrían resumir en tres: la visibilización de las
ideas feministas, reconstruyendo su genealogía frente al androcentrismo y
exponiendo los sesgos patriarcales en la historia del pensamiento; el análisis
y desarrollo de las bases conceptuales del feminismo como teoría política
crítica; y la divulgación de teóricas feministas tanto españolas como de otros
países. Todo ello facilitó un legado muy rico que ha permitido abordar desde
entonces la crítica a la prostitución con gran rigor y solidez teórica.
La perspectiva crítica de la prostitución fue
estudiada en la ilustrada M. Wollstonecraft, la
socialista F. Tristán, el radical J.S. Mill, las
sufragistas, la marxista A. Kollontai, pasando por
análisis más recientes en S. de Beauvoir, K. Millett, S. Firestone, o C. McKinnon. Todas estas aportaciones fueron analizadas por
autoras como Alicia Puleo, Ana de Miguel, Rosa Cobo,
Amelia Valcárcel, María Xosé Agra, Ángeles J. Perona,
Luisa Posada, Concha Roldán, Asunción Oliva, Cristina Molina, o Rosalía Romero,
entre muchas otras.
En cuanto a la importancia de los conceptos
desarrollados por las autoras formadas en esta tradición crítica, es de
justicia rescatar algunos de ellos, especialmente necesarios para la
comprensión de las dinámicas inherentes a la institución prostitucional; y así
poder desenmascararlas frente al discurso patriarcal dominante que propone su
normalización. La crítica al libre consentimiento y a la libre elección en
sociedades desiguales -en cuanto a la clase y el género-, a la subjetividad
neoliberal, y a algunos de los presupuestos de la postmodernidad, es clave.
Este cuestionamiento se constituye como herramienta fundamental para poder
conceptualizar y politizar bien -como dijo Celia Amorós- las propuestas
abolicionistas. Son muchos los conceptos clave para la crítica a la
prostitución, aunque por razones de espacio solo se señalen algunos ejemplos:
la “heterodesignación” de las mujeres por parte de
los hombres -sí autodesignados- como esposas,
prostitutas, etc. (Valcárcel, 1994); la “ley del agrado” (Valcárcel, 2019), y
la consideración de las mujeres como las “idénticas” (Amorós, 1987; 2007) e
intercambiables en la sociedad y en el mercado, la “doble verdad” aplicada a la
moral sexual y al rol de género impuesto a las mujeres como sexo (De Miguel,
2021) y el “neoliberalismo sexual” o el mito de la “libre elección”, que
parecen haber permeado en la sociedad, incluso en entornos con un honroso
pasado emancipatorio (De Miguel, 2015a); o la
conceptualización de las mujeres como clase social desde una perspectiva
materialista y marxista (Falcón, 1981).
El Seminario introdujo el estudio de El contrato
sexual de Carole Pateman,
cuestionando el contractualismo -también lo había
hecho el marxismo-. Así, el contrato sexual resulta una categoría política
fundamental para analizar la opresión de las mujeres, y en consecuencia la
prostitución; una institución que encarna el derecho patriarcal regulando el
acceso sexual de los hombres a los cuerpos de las mujeres en el mercado
capitalista y que no supone problema alguno para el contractualismo
(Pateman, 1995). Además, la autora se centró en
definir qué es exactamente lo que se intercambia en ese contrato sexual; ¿el
cuerpo, la sexualidad, el yo? “[…] la conexión integral entre la sexualidad y
el sentido del yo significa que, para su autoprotección, la prostituta debe
disociarse de su uso sexual” (Ibídem: 285).
En esta línea se dieron posteriormente a conocer los
trabajos de psicólogas abolicionistas como Melissa Farley
o Ingeborg Kraus, sobre las
consecuencias físicas y psíquicas en las víctimas -disociación,
despersonalización, síndrome de estrés post traumático, adicciones etc.- (Farley, 2011). Resulta increíble que una de las tareas de
las teóricas neoabolicionistas de distintas
disciplinas sea la de visibilizar el daño y denunciar los intentos de edulcorar
esta grave violencia encubierta - ¿será cuestión de empatía? -, como bien han
explicado autoras como Sheila Jeffreys (Jeffreys, 1997; 2011). Jeffreys,
estudia la mercantilización de las mujeres en esa estructura de dominación
patriarcal en un mercado globalizado, como también lo hacen Cobo (2024) o Ekman (2013); esta última introduciendo con lucidez en el
análisis el concepto de cosificación de Lukács (1971), según el cual la acción
humana se transforma en mercancía en el capitalismo; pero, además, y como
señala Ekman, cada parte del cuerpo en una potencial
mercancía para su compra-venta, como si existiese por sí misma, con
independencia de la persona.
Es interesante comprobar cómo a medida que se avanza
en materia de igualdad y en el reconocimiento de las mujeres como sujeto de
derecho, se siga naturalizando la prostitución, e incluso se presente como algo
transgresor. Alicia Puleo desmonta esta idea, tan
presente en la producción cultural, estudiando las raíces sexistas y
androcéntricas de esta moral supuestamente transgresora que exalta la violencia
sexual, el dominio y el “odio ontológico” misógino, canalizados en la figura de
la prostituida (Puleo, 2003; 1992).
El impacto de las llamadas “sex wars”
de los 80-90 en la despolitización del feminismo ha sido estudiado también como
factor de confusión a la hora de identificar las distintas violencias sexuales
actuales en el discurso mediático y político (Ávila, 2019: 318-324; Otero,
2023). Las autoras neoabolicionistas de los últimos
años continúan estudiando estos debates, reivindicando la herencia de las teóricas
anti-pornografía y anti-prostitución de los años ochenta, como Kathleen Barry, Catherine MacKinnon,
o Andrea Dworkin. Ello ha permitido trazar un hilo
conductor con textos más recientes que han resultado muy esclarecedores sobre
las nuevas manifestaciones del sexismo, como el de Natasha
Walters (2010), y plantear el tema de la industria
del sexo desde un enfoque global que vincule la prostitución con la pornografía
(Alario, 2018), la pornificación de la cultura (Favaro y De Miguel, 2016) y otras violencias. Por último,
merece enfatizarse la importancia creciente de las investigaciones dirigidas a
clarificar el papel de la demanda masculina, como los de María José Barahona,
Esther Torrado, Beatriz Ranea, etc.
A partir de finales del siglo XX, el feminismo
político cuenta claramente con la abolición de la prostitución en su agenda
política. Y lo defiende frente al patriarcado neoliberal y también a pesar de
ciertos planteamientos de corte postmoderno centrados en decisiones
individuales libres y deseos. Así, “La pleitesía al capital requiere, pues,
rendir tributo a la subjetividad frente a la cohesión social, al individualismo
antes que a la igualdad o dignidad, al relativismo identitario enfrentado a la
universalización de los derechos” (Miyares, 2023:
29). Sin embargo, combatir el mecanismo reaccionario de la despolitización no
es un reto nuevo para el feminismo, como recuerda el análisis de Susan Faludi (1993) cuando señaló
cómo el éxito social de las distintas formas del antifeminismo radica
precisamente en que no parezcan algo político.
4.2.2. El (neo)abolicionismo en la práctica política feminista
4.2.2.1. La Transición (1976-1983)
En 1975 se celebró el Año Internacional de la Mujer,
convocado por la ONU. Ello facilitó que a principios de 1976 tuvieran lugar las
I Jornadas de Liberación por la Mujer en Madrid. Fue el principio de una
realidad alternativa a la falangista Sección Femenina, ya en crisis. Las
organizaciones feministas participantes más importantes fueron el MDM
(Movimiento Democrático de Mujeres), vinculada al PCE y curtida en la lucha
antifranquista, pero de tipo plural, la ADM (Asociación Democrática de la
Mujer), afín al PTE, AUPEM (Asociación Universitaria para el Estudio de los
Problemas de la Mujer), o diversos Colectivos feministas -el Frente de
Liberación de a Mujer (FLM)…- o el Partido Feminista liderado por Lidia Falcón,
entre otras. En este encuentro se sentaron las bases del debate feminista para
los años siguientes. Temas como la doble militancia y la conveniencia de crear
estructuras en la administración pública dedicadas a los temas de mujeres,
crearon polémica en aquellos años. Prácticamente todo el arco político de las
organizaciones de izquierda del momento participaba en estos encuentros a
través de coordinadoras, plataformas, asambleas etc., así como en
multitudinarias manifestaciones, como la organizada por la Plataforma de
organizaciones feministas en enero del 76. Entre 1976 y 1978 se celebraron este
tipo de jornadas en toda España.
Uno de los retos planteados sería el de acordar una
agenda feminista y definir el modo en que se daría la colaboración entre los
distintos grupos, feministas ligadas a partidos políticos y las pertenecientes
a movimientos autónomos. Los principales temas que formaron parte de la citada
agenda -el denominador común-, fueron la igualdad jurídica total entre los
sexos, el derecho al trabajo, la coeducación, la socialización del trabajo
doméstico, la crítica a los roles sexuales, a la doble moral sexual, al
matrimonio, la reivindicación del derecho al placer sexual de las mujeres, la
despenalización del aborto, la anticoncepción, la homosexualidad, o la
descriminalización de las mujeres prostituidas.
Es importante señalar que en el feminismo siempre hubo
debate. Durante los años de la Transición y también en los 80 y 90, se dieron
discusiones de gran riqueza en cuanto a los fundamentos teóricos y la
estrategia y táctica política: entre el feminismo liberal, el socialista y
marxista, y el radical; el feminismo de la igualdad y la diferencia; la doble
militancia o la militancia solo en organizaciones feministas autónomas. Un
panorama muy diferente del que se vive actualmente bajo el patriarcado
neoliberal que ha decidido ‘resignificar’ el feminismo y su lucha emancipatoria; bien considerando que todo es feminismo -una
cosa y su contraria…- para así intentar diluir su potencial teórico y de lucha,
o bien directamente a través de la censura.
La agenda política del momento planteaba temas
urgentes y básicos para las mujeres, lo que hizo que cuestiones como la
prostitución fueron tratados menos profundamente. Sin embargo, los documentos
de las jornadas y encuentros de los distintos grupos feministas incluyen una
visión de la prostitución como antifeminista y potenciadora de la desigualdad
en la que viven las mujeres. Los manifiestos y otros textos resultantes tratan
la libertad sexual de las mujeres, su autonomía y su derecho al placer sexual
frente al papel sumiso de ser meros objetos sexuales a disposición de los
hombres. En ningún momento se plantea la prostitución como el libre ejercicio
de la sexualidad, sino todo lo contrario (aunque es constante la lucha por la
no criminalización de las mujeres en situaciones de prostitución, el eslabón
más débil de un sistema que siempre queda indemne). Algún ejemplo de ello:
“La represión
sexual que ejerce la familia
patriarcal no es igual para
hombres y mujeres, y no puede
ser tratada fragmentariamente,
desvinculada de la opresión
de la mujer en general, si no es a costa de un nuevo planteamiento
antifeminista, en el cual la mujer de ser un objeto sexual privado, pasa a serlo público bajo falsas apariencias de sujeto con libertad de elección” (Documento de las jornadas catalanas
de la mujer, 1977: 6).
Las feministas de partidos políticos vieron cómo sus
organizaciones optaban por posponer o ignorar el tema de la prostitución. En
ocasiones, si lograban defenderlo en los debates de congresos de sus partidos,
sus propuestas de tipo abolicionista eran habitualmente ignoradas o rechazadas.
Fue el caso del MDM y su intento de llevar estas propuestas al PCE, incluso
proponiendo un proyecto de ley que no salió adelante en las votaciones de la
organización (Arriero, 2016).
Uno de los primeros documentos de esta organización
que recoge ideas abolicionistas fue el programa del MDM valenciano en 1976:
“Como mujeres pertenecientes a una organización feminista, estamos contra la
prostitución por ser vejatoria, pero consideramos que la prostitución es
consecuencia de las estructuras actuales; exigimos que cese la penalización y
opresión que sufren estas mujeres por parte de la ley” (MDM, 1977, citado por
Arriero, 2016: 228). Su postura como marxistas y feministas se centraba en el
aspecto económico de una práctica incompatible con la igualdad y dignidad de
las mujeres, apuntando cómo “el sistema de intereses económicos montados en
torno a la prostitución donde la mujer es auténticamente un objeto de consumo,
utilizado para el enriquecimiento de unos cuántos especuladores” (Ibídem).
Por su parte las feministas que militaban en el
Partido Socialista Obrero Español (PSOE) mostraron una gran preocupación
respecto a las actitudes de sus compañeros de partido respecto a la doble moral
sexual, la autonomía sexual de las mujeres o las relaciones afectivas. La
comisión Mujer y Socialismo, creado entre las socialistas tras su participación
en las I Jornadas por la Liberación de la Mujer, buscaba el compromiso interno
y la coherencia con la lucha feminista. Muchas de sus militantes, abogadas y
médicas, se centraron en la despenalización de las mujeres prostituidas y por
las cuestiones de salud pública. Sin embargo, sus textos dejan claro que no es
una actividad compatible con la igualdad, como fue el caso de una encuesta
realizada a los militantes de su partido dirigida a explorar “la relación de
pareja dentro del partido, el aborto o la infidelidad, hasta llegar a preguntas
tan directas como “¿Un socialista puede ir de putas?”, dirigidas a comprobar la
vigencia entre los militantes socialistas de una “doble moral sexual”, que
permitía o, mejor dicho, imponía diferentes conductas sexuales según el género
[…]” (Quaggio, 2017: 230).
El Partido Feminista de España, organización feminista
autónoma y marxista creada a partir del trabajo de la Organización feminista
revolucionaria, y presidida por Lidia Falcón desde 1979 -legalizada en 1981-,
recogió en sus revistas Vindicación feminista (1976) y Poder y
libertad (1979), debates y textos de corte abolicionista, con una fuerte
denuncia del sistema prostitucional y su explotación de mujeres, aspectos
contrarios a la libertad sexual femenina. En Vindicación feminista “se
apunta a las causas profundas del fenómeno (los condicionantes que empujan a
las mujeres a practicarlo, la hipocresía social o la cuestión del cliente, que
en gran medida se olvida) […]” (Jareño Gila, 2019:
542).
4.2.2.2. Años ochenta y noventa
España firmó la Convención sobre la Eliminación de
Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) en 1980,
ratificándolo en 1984. Sin duda, un marco de referencia para la normativa que
se iría aprobando a lo largo de los años 80 para la aplicación del principio de
igualdad y la denuncia de las violencias de género. En 1983 tras la llegada al
gobierno del PSOE, se creó el Instituto de la Mujer. Se implementaron políticas
públicas de igualdad en los distintos niveles administrativos, del estado,
autonomías, ayuntamientos, etc. A partir de estos años se divulgó el mensaje
sobre los derechos de las mujeres y las necesarias reformas pendientes para el
logro de la igualdad formal y real, algo que fue calando poco a poco en la
sociedad.
Entre las organizaciones políticas y movimientos
sociales, el abordaje del sistema prostitucional no constituyó en modo alguno
un tema prioritario en la extensa agenda feminista de la época, aunque en las
revistas teóricas y otros órganos de expresión comenzaran a aflorar distintos
análisis sobre esta cuestión. Parece que tanto el movimiento de mujeres como el
Instituto de la Mujer mantuvieron un perfil bajo, que se traduce en una escasa
intervención en esta cuestión (Valiente, 2006).
En relación con los compromisos internacionales de
España en la materia se planteaba el tema de la trata y el tráfico de mujeres
para la explotación sexual; eso sí, intentando separarlo de la prostitución,
algo que ha ido cambiando en los últimos veinte años[5].
Sin embargo, era frecuente que determinados cambios legislativos al respecto
desencadenasen un cierto debate. Un ejemplo de ello fue la despenalización en
1995 de aspectos relativos a la organización de la prostitución ajena o el
lucro directo e indirecto de la misma. Estas medidas antiabolicionistas
fueron criticadas por organizaciones como la Comisión para la Investigación de
Malos Tratos a Mujeres (CIMTM) -también APRAMP, IPSEE, etc.- a través de un
informe presentado en el Congreso de los Diputados. Junto a otras feministas
intentaron presionar a las parlamentarias del PSOE en especial para que no
aceptasen estas nuevas medidas.
A finales de los 90 la noticia acerca de la primera
ley neoabolicionista en Suecia y la discusión
anterior y posterior a su aprobación, tuvieron una repercusión importante en el
feminismo, y consecuentemente en los partidos políticos muy a su pesar, donde
se produjo un debate que se prolongó hasta la actualidad.
4.2.2.3. El siglo XXI
Durante los últimos 25 años se ha desarrollado con
menor o mayor intensidad y rigor el debate en torno al neoabolicionismo
en el seno de los partidos políticos y las organizaciones de mujeres. La
controversia entre la adopción del modelo neoabolicionista
-nórdico- o el reglamentarista ha dividido a muchas
organizaciones, mientras que el prohibicionismo solo ha tenido eco en ciertos
sectores muy conservadores o de tipo religioso. Pero no es objeto de este
trabajo profundizar en el debate y argumentos que enfrentan estos dos enfoques,
sino explicar el devenir hasta nuestros días del neoabolicionismo
en nuestro país.
Sobre todo, a partir de 2002 se dio un proceso de
discusión, formación y activismo en las secretarías y áreas de partidos como el
PSOE o Izquierda Unida (IU)[6]
fundamentalmente, tanto internamente como en colaboración con organizaciones
feministas autónomas y el ámbito académico. En este contexto se organizaban
jornadas, encuentros, o escuelas desde un enfoque multidisciplinar que dieron
lugar a diversas iniciativas políticas, tanto en lo institucional -campañas que
señalan la explotación y responsabilizan a los compradores- como en lo social.
Un ejemplo fue la campaña de la Red de Municipios Libres de Trata, que entre
2015 y 2024 consiguió que 228 municipios se adhiriesen a esta red mediante la
aprobación de mociones en los ayuntamientos que contenían propuestas
abolicionistas (Red de Municipios Libres de Trata, n.d.).
La mayor parte de organizaciones defensoras del
abolicionismo en toda la geografía española se aglutinaron en la Plataforma de
Organizaciones de Mujeres por la Abolición de la Prostitución (PAP). En los
tiempos del activismo virtual sus propuestas tuvieron repercusión en numerosas
páginas de medios y colectivos feministas en la red: tribunafeminista.org,
feminicidio.net, geoviolenciasexual.com, malostratos.org, elcomun.es,
mujeresenred.net, fmujeresprogresistas.es, movimientofeministamadrid.org,
ahige.org, por citar solo algunos ejemplos.
Es preciso señalar la importancia de las
movilizaciones en España y en países de Latinoamérica en torno a la lucha
contra todas las formas de violencia sexual, con una fuerte presencia de
mujeres jóvenes. Su claro discurso y su masiva presencia en las calles ha
tenido un efecto tal en el espacio mediático, social y político, que se le ha
considerado como una Cuarta ola del feminismo (Cobo, 2019; De Miguel, 2023).
También el neoabolicionismo ha ocupado un espacio en
este marco de lucha.
Por último, hay que destacar algunas cuestiones
novedosas que han recogido y difundido los medios con perspectiva abolicionista.
Una de ellas es el papel de la crítica feminista al modo en que la producción
cultural retrata el sistema prostitucional (Aguilar, 2017), así como las
aportaciones en el mundo audiovisual de productos divulgativos que lo denuncian
intentando visibilizarlo y sensibilizar así a la sociedad; es el caso de los
impactantes documentales Chicas nuevas 24 horas (2015) o El
proxeneta. Paso corto, mala leche (2018), dirigidos por Mabel Lozano.
Otro aspecto de interés lo constituyen las alianzas
entre el feminismo neoabolicionista y las
supervivientes de la prostitución que han aportado nuevas voces al debate y a
esta lucha política, Se pueden consultar ejemplos de sus manifiestos en la red
(malostratos.org, 2022). Desde mujeres supervivientes poco conocidas que
participan en la denuncia y visibilización de la extrema violencia que
caracteriza a los perpetradores de esta institución patriarcal, a figuras tan
respetadas como Amelia Tiganus, autora del libro La
revuelta de las putas. De víctima a activista (2021), Sonia Sánchez, o Alika Kinan, entre otras
oradoras, escritoras y activistas.
4.2.3. Avances legislativos neoabolicionistas
Como
se ha explicado en apartados anteriores, las experiencias derivadas de legislaciones abolicionistas -frente a las tradicionales y normalizadoras medidas reglamentaristas y prohibicionistas-
han sido escasas y breves a lo largo de la historia.
Sin embargo, han dejado una
huella importante en el feminismo como referente ético y político. A finales del siglo XX y durante las primeras dos décadas del XXI, se desarrollaron
en Europa varias propuestas abolicionistas marcadas por una lucha difícil y desigual; varias de ellas fueron aprobadas y convertidas en leyes, como el caso pionero de Suecia en 1999 que dio lugar al llamado
modelo nórdico -aplicado también en Noruega, Islandia,
Irlanda, etc.-, y el caso
de Francia en 2016. En España se ha desarrollado una propuesta para una ley abolicionista
elaborada por profesionales
y colectivos feministas: la
Ley Orgánica Abolicionista
del Sistema Prostitucional (LOASP), influida por las citadas experiencias europeas.
4.2.3.1. Suecia
La ley neoabolicionista
sueca aprobada en 1999, la Sex Purchase Act, fue el resultado de años de colaboración,
investigación y debate entre el movimiento feminista, colectivos sociales
implicados en apoyo y acogida a mujeres vulnerables, y profesionales de la
abogacía escandinavos especializados en derechos humanos. Trabajaron
estrechamente con mujeres supervivientes del sistema prostitucional, como Elise Lindqvist, en el desarrollo
de esta ley. Algunos aspectos de la ley ya habían sido incluidos en otra
anterior, la Security and Integrity of Women en 1998.
Supuso un hito y un cambio de enfoque y de modelo,
tras años asistiendo a la expansión del mercado prostitucional y la ideología
que lo justifica y sostiene, en parte influida por la ‘deriva patriarcal’ de la
revolución sexual de los años 60 y 70 (De Miguel, 2015). Una revolución que,
por una parte, permitió la denuncia de las violencias contra las mujeres y la
reivindicación de una sexualidad femenina libre y placentera, pero que por otra
asistió a unas esperanzas feministas frustradas “por los sesgos patriarcales
que adquirió la revolución sexual. Uno de ellos, bien conocido, implicó la
conversión de las mujeres en objetos sexuales y objetos de consumo ligados al
mercado capitalista” (De Miguel, 2015b: 22).
El texto de la ley revela que está motivada por un
conocimiento de los que suponen las estructuras patriarcales y capitalistas a
la hora de perpetuar una de las mayores violencias contra las mujeres. Se basa
en la despenalización de las mujeres víctimas del sistema prostitucional y la
criminalización de los perpetradores, es decir, prostituidores -conocidos
coloquialmente como puteros- proxenetas, mafias y otros colaboradores al
servicio de la industria del sexo. Como refiere Janice
Raymond, “La ley sueca es un modelo en lo que se refiere a la demanda de
prostitución y en cuanto a la definición de esa demanda, nombrándola en
términos de los hombres que utilizan y abusan de las mujeres en la prostitución”
(Raymond, 2004: 1158). Por su parte, Gunilla Eckberg, trabajadora social, abogada y experta en tráfico
de personas, entonces contratada por el Ministerio de industria, empleo y
comunicaciones en Suecia, escribía al respecto:
“En combinación con la educación pública, las campañas
de sensibilización y el apoyo a las víctimas, la Ley y otras normas establecen
una política de tolerancia cero frente a la prostitución y la trata de seres
humanos. Cuando los compradores se arriesgan a ser castigados, el número de
hombres que compran personas prostituidas disminuye, y los mercados locales de
prostitución se vuelven menos lucrativos. Los traficantes elegirán entonces
otros destinos más rentables” (Eckberg, 2004: 1187).
El texto de la ley asume que es una actividad generizada; algo obvio, ya que los compradores son hombres
y las víctimas en su mayoría mujeres y niñas a las que se trata como mercancía.
La ley responsabiliza al comprador de los llamados ‘servicios sexuales’,
desechando cualquier fantasía acerca del consentimiento y el libre intercambio
entre iguales. Los mitos -interesados- acerca de la supuesta mujer empoderada,
invulnerable a la violencia y con capacidad -o agencia- para ‘negociar’ en
igualdad en el mercado prostitucional han sido desmontados con gran lucidez por
autoras feministas, como Kajsa Ekis
Ekman (2013) en su libro Being
and being bought.
A pesar de los intentos para denostar esta ley neoabolicionista desde ámbitos políticos, mediáticos e
incluso académicos, han sido claros sus efectos positivos en cuanto a la lucha
contra la trata y el tráfico de mujeres -las redes de tráfico han tenido mucha
dificultad para establecerse en el país-, la disminución de la demanda
masculina y el apoyo institucional de tipo jurídico, laboral, y psicológico a
las mujeres supervivientes de la prostitución. En 2010 el Gobierno sueco
realizó un estudio para evaluar sus efectos, y después en 2021. Pudo observarse
una disminución importante sobre todo de la prostitución callejera, un cambio
significativo de mentalidad respecto al sistema prostitucional como inseparable
de la violencia machista -la mayor parte de la sociedad rechaza la compra de
sexo-. Se trataba de un enfoque novedoso que además ha reforzado el papel de
los servicios sociales como apoyo para que las mujeres puedan abandonar este
mercado. Sin embargo, Suecia se enfrenta, al igual que el resto de los países,
al reto que supone la expansión creciente de la prostitución a través de
internet, como por ejemplo la ejercida a través de los servicios de “escorts” y el “sugardating” (Swedish Gender Equality Agency, n.d.).
4.2.3.2. Francia
La ley neoabolicionista
francesa -Ley 2016/444- aprobada en abril de 2016, fue avalada por el Tribunal
europeo de derechos humanos (TEDH) como una ley que defiende los derechos de
las personas (Moreno, 2024). Su objetivo fue reforzar la lucha contra el
sistema prostitucional y apoyar a las mujeres prostituidas. Se basa en los
siguientes principios: “la prostitución es una forma de violencia contra las
mujeres, un obstáculo para alcanzar la igualdad entre mujeres y hombres y una
violación de la dignidad humana” (CAPinternational, 2017).
Esta ley fue impulsada por el Colectivo Abolición 2012 -Collectif
Abolition 2012-, que aglutinó a más de sesenta
organizaciones y colectivos feministas, sociales y de defensa de derechos
humanos.
Aunque ya existía una legislación que condenaba el proxenetismo,
la nueva ley supuso una innovación importante en cuanto a la penalización de la
compra de cualquier acto sexual, la descriminalización de las personas
prostituidas -en su mayoría mujeres-, tratando de involucrar a toda la sociedad
en su cumplimiento y poniendo en marcha políticas públicas para apoyar la
salida de la prostitución. También apoya la prevención para evitar que las
mujeres más jóvenes y vulnerables entren en este sistema de explotación de
violencia sexual y social. Ofrece por tanto un marco normativo que permite que
la sexualidad, el cuerpo y la vida humana quede fuera del mercado.
4.2.3.3. La propuesta española: la LOASP
En 1995 se produjo una crítica feminista desde
distintos sectores ante la reforma del código penal que despenalizaba el
proxenetismo no coercitivo en algunas de sus formas, como la tercería locativa.
Sin duda se trató de un punto de inflexión. En los años siguientes España
asistió a una expansión de la industria del sexo sin precedentes, pasando de
ser sobre todo un país de tránsito a uno de destino. Todo ello, acompañado de
distintas formas de complicidad por parte de los partidos políticos de todo el
arco ideológico. A partir de estos años, y como bien señala Ekman,
“los argumentos proceden de la izquierda, el dinero de la derecha” (Ekman, 2013: 79). Además, hemos asistido a una
proliferación de discursos que, desde los medios de comunicación, la cultura y
el ámbito académico han contribuido a la normalización, glamourización
y justificación de la industria del sexo. Así, “La derecha neoliberal utiliza
un lenguaje que explica la prostitución como una elección libre en el mercado
libre. La izquierda posmoderna, a la que le encantan los juegos de lenguaje y
rehúye la acción política, tiene una excusa para no luchar contra la industria
del sexo, alegando que escucha las voces marginadas” (Ibídem: 81). Esta
situación, al igual que en el pasado, llevó al surgimiento de una contestación
feminista, que se tradujo en activismo y propuestas políticas abolicionistas
muy influidas por el modelo nórdico y centradas en el derecho de las mujeres a
una vida libre de violencia.
La propuesta legislativa española, inspirada en el
modelo sueco, fue elaborada por la Plataforma Estatal de Organizaciones de
Mujeres por la Abolición de la Prostitución (PAP), constituida en 2002, junto a
otras organizaciones feministas. Esta Plataforma contó con la experiencia de
profesionales y activistas en la atención y apoyo a mujeres prostituidas y en
la lucha contra todas las formas de violencia hacia las mujeres. Su objetivo es
el de plantear a la sociedad y al gobierno una postura política y legislativa
contraria a “cualquier forma de reglamentación u ordenación del sistema
prostitucional” (PAP, n.d.).
Entre 2020 y 2021 la Plataforma trabajó en la
elaboración de una propuesta legislativa para su traslado a los poderes
públicos y su difusión en la sociedad: la Ley Orgánica Abolicionista del Sistema
prostitucional (LOASP). Esta propuesta está motivada, al igual que otras
legislaciones europeas, por la consideración de la prostitución como una forma
de violencia contra las mujeres, incompatible con la igualdad entre mujeres y
hombres; una actividad que atenta contra la integridad física, psíquica y
social de las víctimas. Por tanto, pone el foco en la demanda, criminalizando a
proxenetas y prostituidores, toda vez que propone medidas de apoyo e
integración para las mujeres prostituidas. En palabras de la portavoz de la
PAP, la abogada Charo Carracedo, “Hay que penalizar
al putero y desmantelar la industria del sexo” (Onda Vasca, 09-05-2022).
Esta iniciativa, a pesar de presentarse a partir de
2020, tanto al Ministerio de igualdad como a los partidos políticos que forman
parte del actual Gobierno para su debate, ha sido ignorada en todas las
ocasiones.
En abril de 2024, el PSOE planteó al Congreso de los
diputados una Proposición de Ley Orgánica por la que se modificaba la Ley
Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código penal, para prohibir el
proxenetismo en todas sus formas. Esta iniciativa contenía propuestas en
sintonía con el abolicionismo, al menos de cara al proxenetismo. Sin embargo,
fue rechazada por la mayor parte de partidos, tanto de izquierda como de
derecha.
5. Conclusiones
En este trabajo
se ha planteado la necesidad
de acabar con un mercado prostitucional globalizado que conculca los
derechos humanos de millones
de mujeres y niñas en el mundo. Este mercado se sostiene en un sistema prostitucional del que son responsables
las mafias criminales que organizan
la trata y el tráfico para
la explotación sexual de mujeres
-en su mayoría-,
los Estados que lo consienten
y se benefician económicamente
de este, y por último en los prostituidores o puteros, llamados eufemísticamente clientes. La actividad
prostitucional forma parte de un conglomerado,
la industria del sexo, que
se expande cada año. Cuenta a su
favor con gobiernos y sociedades
que miran hacia otro lado, normalizando,
justificando e incluso edulcorando y resignificando esta barbarie. Frente a ello, se propone la alternativa neoabolicionista de
la prostitución, explicando
sus antecedentes históricos,
sus sólidas bases conceptuales,
su presencia en la práctica política de partidos y organizaciones de mujeres, y los aspectos legislativos al respecto en España
entre 1975 y 2025.
Partiendo de que la prostitución realmente existente
se da en un marco patriarcal y capitalista
neoliberal, se han analizado
las propuestas del neoabolicionismo
mostrando su evolución, avances y obstáculos a la hora de llevar a cabo políticas y cambios normativos de corte abolicionista. Las propuestas estudiadas están basadas en
la idea de que la prostitución es incompatible con la
igualdad entre los sexos y supone una violencia extrema
contra las víctimas, a las que se utiliza
como mercancía. Se han centrado por tanto en la criminalización de proxenetas, tratantes y
prostituidores, así como en la descriminalización de las mujeres prostituidas a las que además debe ofrecerse apoyo y los medios necesarios para su autonomía económica.
Se concluye que frente a la naturalización del sistema prostitucional en sus distintas formas, existen voces que plantean la necesidad de un horizonte ético y político para nuestras sociedades: el de trabajar con urgencia por un mundo libre de violencia, desigualdad y mercantilización de
mujeres y niñas; por un mundo libre de prostitución.
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[1] CATW trabaja
internacionalmente desde 1988 para erradicar el tráfico y la explotación sexual
de mujeres y niñas, defendiendo determinadas leyes y políticas, fomentando la
concienciación de la sociedad sobre el tema y apoyando a líderes supervivientes
del comercio sexual en todo el mundo. Todo ello, en base al derecho de mujeres
y niñas a una vida libre de violencia y discriminación.
[2] Esta actitud por
parte del poder económico y político se ha repetido siempre en la historia,
frente a los intentos del feminismo por abolir la prostitución. Recientemente,
la Relatora Especial de NNUU sobre la violencia machista, Reem Alsalem, ha sufrido
presiones y denuncias tras presentar su informe, en el que denuncia la
violencia inherente al sistema prostitucional, proponiendo medidas de tipo
abolicionista para su erradicación (CIMTM, 2024).
[3] Las posiciones
abolicionistas en la tradición del feminismo socialista están bien
documentadas: Palomo (2015), De Miguel y Romero (2003) o De
Miguel (2001).
[4] Entre 1995 y 1999
el Seminario se transformó en el Proyecto de Investigación I+D Feminismo,
Ilustración y Postmodernidad. Algunos de los resultados de estos estudios
fueron la puesta en marcha del prestigioso curso Historia de la Teoría
Feminista, impartido desde el curso 1990/1991 hasta la actualidad; o la
publicación de la obra en tres volúmenes Teoría Feminista. De la Ilustración
a la globalización (2005) coordinada por Celia Amorós y Ana de Miguel.
[5] En 1999 se define
como delito el tráfico de personas con el objeto de su explotación sexual.
[6] El Partido
Feminista, liderado por Lidia Falcón, se integró en IU (2015) hasta su
expulsión en 2020 -por sus posiciones feministas-. Su posición respecto a la
prostitución: https://partidofeminista.es/comunicado-del-partido-feminista-de-espana-legalizacion-de-la-prostitucion/
[01/03/2025].