Cuestiones actuales del régimen jurídico-administrativo de las Cajas de ahorros españolas

Resumo

Las reformas legislativas que han afectado en los últimos tiempos a la organización y el funcionamiento del sistema financiero español han tenido una especial repercusión en el ámbito de las cajas de ahorros. La tramitación parlamentaria de la Ley 44/2002, de 22 de noviembre, de Medidas de Reforma del Sistema Fianciero, reavivó el debate sobre su régimen jurídico y la necesidad de acotar la intervención pública en su seno. Ahonda en ello la Ley 26/2003 , de 17 de julio, de Transparencia, que extiende al ámbito de las cajas la preocupación por el corporate governance. Ambas normas responden a la necesidad de dar respuesta a algunos de los problemas más inmediatos a que se enfrentan estas entidades, si bien adolecen de un defecto fundamental por cuanto no abordan de forma exhaustiva la regulación de la institución. Se perpetúa así la trayectoria tradicional de "parcheo" del régimen jurídico aplicable a las mismas, evitando entrar en la cuestión esencial de la definición de su naturaleza jurídica y abocando a las cajas, en consecuencia, al díficil reto de acompasar su vocación social tradicional a las nuevas exigencias legales en pro de una mayor eficiencia, racionalidad y neutralidad de su acitividad económica.

Recent legal changes pertaining to the organization and performance of the Spanish financial system have had significant repercussions on the savings banks sector. The law on financial market reform passed in 2002, Ley Financiera, raised once again the debate on their legal situation and the urge to cut down public influence on their management. The 2003 Transparency Law, Ley de Transparencia, follows this reform and extends corporate governance to Spanish savings banks. Both Laws seek to confront some of the most important issues raised by these credit institutions, but they also share the flaw of not regulating its legal framework and status completely. They continue, therefore, to add "patches" to the savings banks legislation, challenging these institutions to combine its function as a credit institution in a market economy and its position as a social foundation